Aunque están a miles de kilómetros de distancia, México y Siria comparten cifras alarmantes.

Ayer, al escuchar la frase “Casi 70 mil personas han perdido la vida” en voz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay –mientras hablaba de los fallecidos en la guerra civil Siria–, lo primero que me vino a la mente fue México y las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. 

Para muchos la concordia ha tratado de ser el sello del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

Llegó al poder con discursos y acciones donde destacaban los pactos, las reformas, las transformaciones y los acuerdos.

Sin embargo la realidad le está imponiendo otra agenda y hay sucesos que orillan a sospechar que otros muchos no piensan como él.

Desde el 1 de diciembre, día que tomó posesión, se desencadenaron una serie de sucesos que pusieron en entredicho el arranque de su sexenio, y en peligro, sus buenas intenciones.

Para diputados y senadores el hecho de que una zona del Estado de Guerrero se haya levantado en armas no es importante. Así lo demuestran con sus agendas de trabajo. En ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión se ha tocado el tema.

Sobre este movimiento que se está haciendo justicia por su propia mano no hay puntos de acuerdo, iniciativas de reforma y tampoco es parte de la agenda legislativa de ninguno de los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

En el Senado también lo han ignorado.

A escasas horas de haber presumido vía Twitter que “Acapulco amaneció con un 93.4 por ciento de ocupación hotelera”, el alcalde Luis Walton Aburto cambió del “¡AcapulcoPUEDE!”, a “¡Todo el peso de la ley a los agresores de turistas!”.

La efusividad del munícipe se mantuvo, sin embargo, el tinte se volvió amargo.

La noticia de que 13 españoles y una mexicana fueron atacados por un grupo armado alarmó a las autoridades y a los viajeros que disfrutaban del “puente” en las playas de Guerrero.

La causa: la inseguridad y la falta de aplicación de la justicia.

El efecto: el pueblo levantado en armas.

Una situación que crece día a día en el Estado de Guerrero. Las autoridades estatales y municipales no han podido calmar los ánimos de quienes ante la desesperanza y el hartazgo han decidido hacer justicia por su propia mano.

Reuniones, acuerdos y la creación de una comisión especial no desactivan un movimiento que ya se observa desde otros países.