TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA Hágase la luz

Con la Ley General de Transparencia, México amplia y fortalece los mecanismos de acceso a la información que serán de carácter nacional y permitirá que el Estado mexicano adopte el nuevo paradigma de un gobierno abierto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

TRANSPARENCIA Laberintos de la transparencia

La búsqueda y localización de información pública en los portales de los gobiernos locales es más que un acto sobrehumano, porque ni los modernos sistemas computacionales lo logran.

¿Es dolo, descuido o apatía?

Gracias a la Ley de Transparencia, los gobiernos y sus funcionarios están obligados a dar acceso a la ciudadanía a la información pública.

Ellos cumplen con la Ley, pero a modo, al publicar los datos de forma confusa y en diversos formatos.

TRANSPARENCIA Transparencia sin privilegios

En medio de críticas por las deficiencias que contiene de origen, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el nuevo esquema, que entrará en vigor una vez que sea promulgado por el Ejecutivo, se aumentó el número de sujetos que deberán abrir su información a petición de los ciudadanos.

TRANSPARENCIA Funcionarios en la opacidad

En México, hay 620 legisladores que abiertamente consideran poco importante el asunto de la transparencia.

Al menos así lo demuestra el poco interés que han mostrado en participar en la plataforma “Legislador Transparente”, creada en febrero de este año.

Tan solo 8 funcionarios -4 senadores y 4 diputados- han hecho pública su declaración patrimonial, comprobantes fiscales y un nuevo formato de declaración de intereses.

TRANSPARENCIA Todos a escrutinio

La nueva Ley de Transparencia fue aprobada en lo general por el Senado de la República, con lo que avanza así la obligación de los funcionarios de abrir sus cuentas y procesos al escrutinio público.

Con esta legislación las medidas de transparencia estarán homologadas para los tres niveles de gobierno y para los tres poderes.

Se amplía además el número de sujetos obligados y se establece que sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público deberá abrir su información a los ciudadanos.



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