Faltan nueve días para que Enrique Peña Nieto tome protesta y el Congreso ya calienta los motores para lo que será ese día.

Los opositores claman con fuerza toda su oposición a que tome protesta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Por parte del PRI deslizan la idea de que quien no permita que sea una sesión tersa es un irresponsable.

Con esto los motores empiezan a calentar y dibujan el panorama que se puede esperar para la ceremonia. 

Nadie puede garantizar que la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el próximo primero de diciembre sea un día de campo. De entrada, el acuerdo parlamentario para ese día tuvo el voto en contra del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano (MC).

“Es un tema de principios, estamos en contra de la imposición y de la compra de la Presidencia que hizo Peña Nieto. Es un asunto de congruencia”, explicó Ricardo Mejía, de MC.

En 11 días se abre el telón de la transición. Sale Felipe Calderón Hinojosa de Los Pinos y entra Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, los gendarmes del orden, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), ya tienen listo su operativo policiaco.

Este primero de diciembre, igual que hace seis años, la Secretaría de Seguridad Pública local se coordinará con el Estado Mayor a fin de desahogar la toma de protesta que se llevará a cabo en el Congreso de la Unión.

El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, podrá llevar a los miembros de su partido y de la oposición a aprobar leyes que abran la industria petrolera a la inversión privada, dijo su principal asesor económico.

Peña Nieto tiene “la convicción reformista, la experiencia política y el liderazgo de su partido para impulsar los cambios”, dijo Luis Videgaray, uno de los jefes del equipo de transición del presidente entrante, en una entrevista del 26 de octubre.

“Eso implica generar consenso político, y lo haremos con energía”.

El presidente Felipe Calderón tuvo uno de los sexenios más afortunados, en cuantos a ingresos petroleros se refiere.

Sin embargo esto no se transformó en una reducción de la deuda pública, ni un crecimiento económico sobresaliente ni en la creación de empleos al nivel que México necesitaba.

Los más de 6 billones de pesos que se nutrieron a las finanzas públicas, producto de los ingresos petroleros, no fueron suficientes para saciar el apetito del gasto público.