El dictamen de la reforma en materia de telecomunicaciones fue aprobado ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Los representantes de todos los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano que se abstuvo de hacerlo, avalaron el proyecto que, entre otras cosas, promueve el acceso de toda la población al servicio de banda ancha.

Una ley reglamentaria será el siguiente paso para que la iniciativa de la reforma de las telecomunicaciones, que se espera se vote el jueves en la Cámara de Diputados, concluya. 

Faltan por esclarecer varios puntos: los mecanismos para aquellos concesionarios que tienen más del 50 por ciento, si se producirán separaciones funcionales o desinversiones en Telmex y Televisa, y de qué manera se medirá la concentración en las radiodifusoras, que se mide  por audiencia.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados lleva prisa en aprobar la reforma en telecomunicaciones.

Apenas a unas horas de presentada oficialmente, dos de los líderes priistas en la Cámara Baja adelantan que se le tiene que meter toda la velocidad.

El coordinador Manlio Fabio Beltrones, y el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, avanzaron que el aval a este proyecto, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, será exprés.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó la impugnación, promovida por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), contra la concentración Televisa-Iusacell, avalada en junio de 2012 por la Comisión Federal de Competencia (CFC).

La corte indicó que la Amedi presentó fuera de tiempo la demanda para cuestionar la decisión de la CFC, por la cual Televisa pudo concretar la compra del 50 por ciento de las acciones de Iusacell, previo pago de mil 602.5 millones de dólares.

Muy al estilo del New Deal de Franklin D. Roosevelt para atajar a los monopolios en Estados Unidos en beneficio de la sociedad, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma de las telecomunicaciones, para acotar el poderío de los dueños de las televisoras, telefónicas y radiodifusoras.

Una iniciativa con “muchos dientes” que busca abrir la competencia en el sector, democratizar los servicios para toda la población, profesionalizar los tribunales, y unificar a los reguladores en un solo organismo autónomo, además de también consolidar el poder del Estado.