Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no serán transparentes. Permanecerán sanas y salvas, a la sombra de la confidencialidad.

Ayer ocho de 11 ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron en contra de la sentencia que pretendía declarar como inconstitucional el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con las nuevas propuestas presidenciales se replantea un equilibrio en la Corte. 

Se da más peso al perfil conservador, el que apuesta por el sentido interpretativo de la ley. Esto no se percibe del todo mal por los expertos, en función de mantener los equilibrios en la Corte.

De no aprobarse las ternas, el Ejecutivo federal enviaría otras dos. El Senado contaría con otros 30 días para decidir. Y si por segunda vez no se aprueba el tema, Calderón tendría que nombrarlos directamente.