La intervención que implementó el Gobierno de Jalisco sobre las Policías de seis municipios del estado, a las que desarmó por haber sido presuntamente cooptadas por el crimen organizado, terminó sin que a sus oficiales se les pudiera comprobar vínculos con grupos delictivos.
Reportes de instancias de la Secretaría General de Gobierno revelan que, contrario a lo que las autoridades afirmaron originalmente, los oficiales de las Policías intervenidas no fueron evaluados con pruebas de confianza antes de permitirles retornar a sus funciones.
Luis Herrera