La investigación por los sobornos pagados por Walmart y el caso de los permisos otorgados en San Pedro, durante la administración del ex alcalde Fernando Margáin, no es un tema muerto.

Cada día aparecen nuevos elementos que ponen bajo sospecha la actuación del vocero en Nuevo León de la campaña de Josefina Vázquez Mota, quien sigue con el cuento de que él no estuvo enterado de la expedición de estos permisos.

Entre los candidatos de los distintos partidos políticos hay mucha ansiedad y hasta discusiones acaloradas por el uso del teléfono móvil con cámara el próximo domingo 1 de julio.

Y es que resulta que no existe ninguna prohibición de parte de las autoridades electorales para que los electores porten su teléfono cuando ingresen a la casilla.

Lo pueden llevar hasta la mampara donde sufragarán.

Una libertad habitual que nada tendría qué ver en un país donde el voto es secreto y una decisión estrictamente personal.

El sábado Felipe Enríquez, candidato del PRI a la Alcaldía de Monterrey, consiguió algo que no había tenido en su campaña: el apoyo de la administración del gobernador Rodrigo Medina.

En un salón de Convex, más de mil funcionarios y empleados estatales asistieron a una reunión de apoyo a la candidatura de Enríquez.

A excepción de José Antonio González, el secretario de Educación del Estado y ex Rector de la UANL, ningún funcionario estatal se había involucrado en la campaña del aspirante.

Esto cambió el sábado.

La madre de todas las batallas electorales en la próxima elección en Nuevo León se librará en Monterrey.

En el resto de los municipios la suerte está casi echada y no se prevé que haya un cambio importante en el actual reparto de alcaldías metropolitanas entre el PRI y el PAN.

Estos partidos políticos seguramente mantendrán sus actuales posiciones y municipios.

Pero en Monterrey no.

Las encuestas pronostican una contienda cerrada entre la panista Margarita Arellanes y el priista Felipe Enríquez.

El caso de Interfactura, la empresa del sobrino de Othón Ruiz Montemayor, llegó ayer a la Procuraduría de Justicia del Estado.

El PAN de Nuevo León presentó una denuncia penal en contra del candidato del PRI a la Alcaldía de San Pedro por presunto tráfico de influencias.

Esto a raíz del reportaje publicado esta semana en Reporte Indigo, donde se revela que la empresa vinculada a Othón Ruiz Montemayor fue favorecida con un contrato de más de 20 millones de pesos por el Gobierno del Estado.