Los secuestros se han triplicado en Nuevo León. Los robos no se diga.

La Policía Interestatal, que se supone debe de cuidar a los regiomontanos que viajan a la frontera de Texas, sólo existe en el papel.

No hay semana en que no se asesine a una mujer en la entidad.

Los huachicoleros siguen de fiesta en el estado, ordeñando los ductos de Pemex en Cadereyta, con una tranquilidad pasmosa.

Los elementos de Fuerza Civil, que se supone están para velar por la seguridad de los nuevoleoneses, encañonan a la gente con sus armas y las amenazan.

El caso del secuestro del empresario Agustín Villarreal Budnik y las denuncias de éste siguen provocando encontronazos en el gabinete del gobernador Jaime Rodríguez.

El principal conflicto lo protagoniza el procurador Bernardo González y  Carlos Guevara, titular de Seguridad Gubernamental.

González y Guevara no se llevan bien desde los tiempos en que Bernardo era el jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando era encabezada por el general Cuauhtémoc Antúnez.

El gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, ha desenvainado la espada en contra de su amigo el exprocurador Roberto Flores, cada vez más alejado del proyecto independiente y más cercano al de Andrés Manuel López Obrador.

La orden de buscar vincular a Flores con el secuestro del empresario Agustín Villarreal Budnik salió desde Palacio de Gobierno, directamente desde la oficina del secretario de Gobierno, Manuel González, utilizando la desesperación del empresario.

Si adjudicar un contrato de servicios profesionales de manera directa es un delito grave para el fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, qué significará cobrar por un servicio que no prestó.

¿Es un delito adjudicar un contrato de servicios profesionales de manera directa?

No hay duda que para el fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, el funcionario que lo hace es todo un delincuente.

Una gran mayoría de los exfuncionarios medinistas que han sido vinculados a proceso penal por jueces del Poder Judicial del Estado su falta fue haber contratado un servicio profesional directamente.

En esta situación está Jorge Domene, Patricia Aguirre, Rolando Zubirán Víctor Martínez, todos ellos acusados penalmente por el Subprocurador Anticorrupción del Estado.