El alcalde Ugo Ruiz presentó hace una semana una denuncia penal en contra de los abogados de la Torre Tanarah, quienes habían logrado revocar la clausura que impuso el Municipio en las obras de este edificio.

Ruiz acusó ante la PGR de falsear información a los representantes legales de la empresa Desarrolladora Trinity, S.A. de C.V., dueña de este inmueble.

Pero no fue esa la razón por la que los magistrados concedieron el amparo a la Torre Tanarah, obligando al Municipio sampetrino a retirar los sellos de clausura.

Hoy sigue el rodaje de la película que será de largo metraje en el Ayuntamiento de San Pedro, por las irregularidades en Desarrollo Urbano.

Esto, aunque hoy se abre la Mesa de la Justicia que podría desfogar el asunto.

La verdad es que Mesa, o no, ya hoy preparan más denuncias penales –dicen que unas ocho- por irregularidades detectadas al ya legendario exsecretario de (des)Control Urbano, Aldo Decanini.

La iniciativa del alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, para reformar el Código Penal y castigar como delito a quienes no cumplan con las disposiciones de desarrollo urbano, es solamente la punta del iceberg de la contraofensiva judicial que emprenderá.

Tan pronto como hoy, Ruiz podría estar dando nuevas noticias sobre su contraataque jurídico, nuevas medidas legales, al tiempo que adentro del Ayuntamiento está que arde el ambiente entre regidores, síndicos y el departamento Jurídico.

Todo, por los intereses millonarios en fraccionamientos y edificios irregulares de departamentos.

En Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, recaerá mañana la representación del gobernador Rodrigo Medina para el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa Margarita Arellanes.

Domene seguramente se sentirá un poco incómodo porque estará rodeado en el evento por la cúpula panista de Nuevo León que arropará a una de sus principales aspirantes a la gubernatura.

Además en el Informe, que se llevará a cabo en el Teatro Ciudad, estará el líder nacional del PAN Gustavo Madero.

El escándalo del “gasolinazo” pone al exalcalde priista de Montemorelos, Pablo Elizondo, hoy flamante delegado de la Sedesol, servido en bandeja de plata para el PAN de Nuevo León.

La Auditoría Superior del Estado, que encabeza Sergio Marenco, ya determinó  que es una irregularidad los 2 millones de pesos que se le pagaron al escolta de Elizondo por consumo de gasolina.

Desembolsos que curiosamente se realizaron justo antes de que Pablo solicitara licencia para contender como candidato a diputado local del PRI.