La llegada de Enrique Ochoa a la dirigencia nacional del PRI cambia radicalmente el escenario político en Nuevo León y en consecuencia las candidaturas.

Los grupos de priistas de Nuevo León cercanos al exdirigente priista Manlio Fabio Beltrones pierden cercanía con el poder con el arribo de Ochoa.

Pero hay otros priistas que ganan influencia.

Uno de ellos es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del Gobierno federal.

No es casualidad que Guajardo haya sido anfitrión la semana pasada de una reunión entre Ochoa y empresarios regiomontanos en Monterrey.

Luego de los escándalos de alcaldes panistas y sus nexos con casinos, el que está sacando la cara es el alcalde Víctor Fuentes con su lucha legal contra la instalación del casino Caliente en San Nicolás.

El crecimiento del PAN de Nuevo León –como es algo conocido- está ligado al boom de casinos que vivió la ciudad en la década pasada.

La ausencia de un nombre en la investigación que comenzó el gobierno de Jaime Rodríguez en contra de exfuncionarios de la pasada administración ha comenzado a levantar algo de ámpula entre los mismos priistas implicados.

Se trata de Federico Vargas, actual diputado federal del PRI.

Quizás porque tenga fuero constitucional, pero resulta extraño que un exfuncionario que tuvo tanto que ver en el tema de los incentivos a la planta de Kia no haya sido mencionado en lo absoluto en la investigación.

El conflicto entre Abel Guerra e Ismael Flores, derivado del cobro a los mercados que está realizando el municipio de Escobedo directamente, se extiende al Congreso del Estado.

Nos aseguran que la reestructuración de deuda que pretende hacer la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, será rechazada por los diputados del PRI afines a la CTM.

Vaya problema el que se le presenta a Marco González, coordinador de los diputados locales del PRI.

Muy molesto salió ayer Javier Flores, abogado de Rodrigo Medina, de los juzgados federales, tras recibir la noticia de que el juez federal negaba la suspensión definitiva.

No era para menos.

La suspensión definitiva –si se hubiera concedido- habría permitido posponer hasta casi un año la comparecencia del exgobernador en los tribunales.

Entre hoy y mañana se espera que la Fiscalía Anticorrupción del Estado solicite al Juez de Control una nueva cita para el exmandatario.