Una cosa es que quienes quieran protestar lo hagan libremente por las calles de la Ciudad de México, y otra muy distinta que un grupo de encapuchados incendien impunemente metrobuses y estaciones, a ciencia y paciencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. 

La desaparición de los 43 normalistas de Iguala no le da derecho a nadie de cometer actos vandálicos.  

De que la perra es brava

Los dirigentes de las diversas facciones y tribus que integran el PRD, están dando un triste espectáculo. 

Da la impresión que la captura de los Abarca Pineda en poco o casi nada contribuyó para lograr la distensión social que todo mundo hubiera querido. 

Y es que después de las larguísimas declaraciones de los inculpados, no se dio ninguna información adicional sobre el posible paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. 

En cambio lo que acaparó la atención fue la segunda marcha de protesta que volvió a atiborrar el Zócalo. 

Sin duda que la detención de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, mereció el aplauso de todos. 

Sin embargo nunca faltan los mal pensados que sostienen que la detención de Abarca no fue precisamente en el lugar que se supone que fue, como ocurrió en el caso de Florence Cassez. 

En apoyo de su tesis afirman que resulta más que sospechoso que en la detención de los Abarca solamente participaron los cuerpos “de elite” de la Policía Federal, en secreto. 

A muchos les parecen muchos días los que han pasado en estas semanas desde la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, y tienen razón. 

Sin embargo, lo que parece una sinrazón es que nadie haya alzado su voz por más de 20 mil personas que desaparecieron en el sexenio de Felipe Calderón. 

Lo cierto es que la inseguridad no comenzó hace un mes. Lo de las muertes y desapariciones empezó con la guerra de Calderón. 

Si a Felipe Calderón le incomoda que el presidente Peña Nieto esté resuelto a que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, es lo de menos. 

Lo importante es que, a pesar de los riesgos que una decisión como esta entraña, el Consejo de la Judicatura Federal informó que siete militares involucrados en los 22 homicidios de Tlatlaya, fueron consignados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en procesos penales federales en el Estado de México. 

Los que tengan oídos para escuchar, que escuchen. 

Sin perdón de Dios