Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco siguen enfrentado una serie de acusaciones ante la Fiscalía General del Estado y el Congreso estatal.

En junio pasado, un grupo de abogados presentó una denuncia contra cuatro consejeros de la Judicatura estatal: Luis Carlos Vega Pámanes (presidente), Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y Mario Pizano Ramos.

Un desvío de recursos por casi 60 millones de pesos y “enriquecimiento ilícito” son algunas de las acusaciones que enfrentan en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco, entre ellos su presidente, Luis Carlos Vega Pámanes.

En 2013, los consejeros Vega Pámanes, Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y Mario Pizano Ramos, aprobaron una serie de pagos “absurdos” a proveedores a través de adjudicaciones directas, así lo calificaron en entrevista los abogados que presentaron la denuncia el 29 de junio pasado.

El Instituto de Estudios Ratio Legis, S.C., es una de las empresas favoritas en cuanto a la capacitación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se refiere. 

Dicha empresa ha trabajado en entidades federativas como Baja California, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal. 

Una de las historias de corrupción más oscuras que ha escrito el Poder Judicial de Jalisco se dio en el año 2012, cuando uno de sus jueces determinó poner en libertad a un par de secuestradores sobre los que pesaban más de 14 piezas probatorias de su culpabilidad, contribuyendo a la impunidad de uno de los delitos que más agravan a la sociedad. 

En México, uno de los 10 países donde sus ciudadanos trabajan más horas (45 a la semana, según datos del 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), pocos mexicanos pueden darse el lujo de no asistir a su trabajo, salvo incapacidad o algún otro motivo justificable del mismo empleo. 

Pero en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ), al menos una decena de magistrados, cuyo sueldo al día asciende a los 4 mil 296 pesos, se pueden dar el lujo de no asistir sin siquiera tener alguna de estas justificaciones.