El instituto central –como le gusta autonombrarse– fue ejemplo de austeridad, disciplina en el gasto y de seriedad técnica. No era parte de escándalos políticos, a pesar de ciertas indiscreciones amorosas de sus directivos.

En efecto, es bien sabido que solo por recomendación del sanedrín panista, Calderón pudo ingresar a la Escuela Libre de Derecho, en la cual nunca fue un alumno destacado y sí un sujeto lisonjero que granjeaba números mediocres usando labia y adulación.

Jamás fue llamado por los grandes despachos o las instituciones públicas por sus dotes jurídicas, y su breve paso por uno de los bancos que quebrara en la década antepasada, fue lo único que pudiera llamarse desempeño profesional. 

Del ministro Valls, todo o casi todo, podemos esperar, cerrando con éste  un largo camino de asuntos especiales encomendados por la blanquiazul ineptocracia. 

A ojos cerrados y con mano en la lumbre, cualquier mexicano hubiera adivinado a quién le asignarían tan aberrante controversia. Es un proceso antidemocrático que se gana con su mera admisión, ya que cumple el perverso objetivo de no publicar el ordenamiento en la presente administración.

A partir de la creación de ese mecanismo sesgado y dirigido para implantar en México un esquema de espionaje político, se consumó el desmantelamiento de las instancias oficiales que debían rendir transparente cuenta, para dar paso a un “bad brother”, bajo el oscuro manto de García Luna.

No fue la derrota electoral lo que terminó por reventar la enfermiza relación entre Calderón y el Congreso. Desde que su mandato inició se empecinó en crear una presidencia autoritaria y draconiana. El temor de ser derrocado por las turbas de Reforma lo llevó a improvisar un objetivo que nunca tuvo a la vista, sino hasta que el conflicto postelectoral le llevó a consumir oxígeno en tanque. Fue esa zozobra, y no otro tema, el que lo llevó a sacar las tropas de los cuarteles, lo cual hubiera sido imposible de no apertrecharse tras una súbita urgencia de perseguir al crimen organizado.