La muerte anunciada de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas y conocido a nivel internacional como uno de los capos “más brutales” de México, puso en duda los resultados no solo de la táctica antidrogas de Calderón, sino de sus estándares para evaluar avances en materia de seguridad.

El gobierno mexicano consideró que el abatimiento de “El lazca” es una batalla ganada en la guerra contra el narcotráfico.

Allá en Tierra Caliente, Guerrero, las cabezas de hombres ajusticiados son detectadas entre el lodo tras los pleitos de los perros.

En aquella región colindante con el estado de Michoacán, las balaceras y las ejecuciones del narco han expulsado a familias enteras al Distrito Federal.

A la capital del país llegan huyendo de aquella violencia sin fin que los obligó a dejar casas, terrenos, negocios; llegan a reiniciar una nueva vida y a borrar todo rastro de su pasado, lo que muchas veces no consiguen.

Y es que hasta aquí son perseguidos y alcanzados.

Camuflados como empresarios, se mueven en antros de la capital; visten de marca, se rodean de mujeres de la farándula, van al gimnasio y manejan autos de lujo. Todo ello es tan solo una fachada porque muchos venden droga y se inmiscuyen en la industria del secuestro para subsistir.

El pasado miércoles 26 de septiembre la Secretaría de Marina anunció la detención de Iván Velázquez Caballero alias “El Talibán” o el “Z-50” en San Luis Potosí.

Detención que, al igual que las últimas cinco de altos mandos del narcotráfico, se realizó sin disparar una sola bala.

El “Z-50” era un disidente del grupo de Los Zetas. Actuaba como jefe de plaza en Zacatecas y San Luis Potosí.

La notoriedad de este capo se dio cuando se hizo pública una violenta disputa entre él y Miguel Treviño Morales alias “Z-40”, actualmente segundo a cargo de la organización.

Un juez federal del sur de la Florida aplazó el martes por 30 días la presentación formal de la acusación contra la presunta narcotraficante mexicana Sandra Ávila Beltrán y ordenó que permanezca detenida en una prisión de Miami.

En una audiencia realizada en los tribunales federales, el juez Patrick White aceptó uno de los dos pedidos que le formuló la defensa de Ávila y dispuso que la audiencia para que la fiscalía presente los cargos formales sea el 14 de septiembre.

Negó, no obstante, la solicitud de liberarla bajo fianza al considerar que podría huir de Estados Unidos.