El escándalo MONEX vuelve a encenderse. 

Ahora una de las empresas ligadas a este caso con el que presuntamente se financió de manera ilegal la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, fue presentada por el Servicio de Administración Tributaria como parte de las empresas que presentaron facturas falsas.

Poco o nada se puede esperar de que la Unidad de Fiscalización del IFE haya remitido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el expediente relativo a las empresas que triangularon recursos millonarios vía tarjetas Monex en la pasada campaña presidencial priista.

Poco o nada porque, para Ricardo Monreal, todo resulta “kafkiano”. 

Sergio García Ramírez no estuvo presente en el momento en que los consejeros electorales votaron el punto nodal de la sesión: si había que sancionar al PRI o no por abstenerse de comprobar los gastos de más de 50 millones de pesos triangulados vía más de siete mil tarjetas Monex. 

El consejero electoral reapareció el miércoles pasado en el salón del pleno cuando la votación se había empatado 4 a 4. Pidió la palabra.

Cuatro consejeros electorales se pronunciaron por multar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros cuatro por no hacerlo. 

Ante esa disyuntiva un consejero saltó al ring e inclinó la balanza. Se había mantenido al margen del amplio debate que ayer se dio en torno al Proyecto de Resolución respecto a las quejas interpuestas contra la otrora coalición Compromiso por México.

“La Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral está obligada a darle vista a las autoridades judiciales y financieras”.

Así opina el diputado perredista Roberto López Suárez respecto al más reciente capítulo del caso Monex. Dice que las autoridades responsables deben tomar cartas en el asunto, pues sería una pena para el proceso democrático que la autoridad electoral “se vuelva tapadera; referiría que aquel que tenga recursos de procedencia no clara y vínculos con ciertas empresas e instancias financieras puede hacer lo mismo en cualquier momento”.