Ante el cierre de la frontera norte y la escasez de oportunidades de empleo para indocumentados en Estados Unidos las familias jaliscienses sufren los estragos. 

Jalisco sigue siendo el tercer estado en percepción de remesas, después de Michoacán y Guanajuato.

Pero los 436.1 millones de dólares que llegaron a la entidad en el tercer trimestre de 2012, es la cifra trimestral más baja desde finales de 2010.

Más que una carga para la economía de Estados Unidos, los migrantes mexicanos han sido el motor de su desarrollo. No solo han satisfecho la demanda de empleo en ciertos puestos de trabajo, sino que, además, son pieza clave para la tributación.

Hay más de 11 millones de migrantes mexicanos de primera generación residiendo en Estados Unidos, lo que representa cerca del 4 por ciento de la población total de ese país. Si se suman los de segunda y tercera generación, la proporción se eleva al 10 por ciento y contribuyen a estimular el crecimiento.

Intentar la regulación del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos siempre ha sido una bandera electoral y también una aspiración, en especial para nuestro país.

Sin embargo, el “mal timing” ha jugado en contra de la evolución de las políticas y reformas migratorias que hasta la fecha han sido escasas en ambos lados de la frontera.

Al inicio del sexenio de Vicente Fox, la intención de concretar una reforma migratoria conducida por el canciller Jorge Castañeda fracasó.

Los dos primeros años de Julia Rodríguez en Panamá fueron duros.

Había dejado atrás su país, Colombia, y a su hijo. Tenía una situación migratoria irregular y en el negocio de venta de motocicletas donde trabajaba le pagaban 300 dólares por mes, muy por debajo del salario mínimo promedio, que en ese entonces era de casi 400 dólares.

“El fuerte vive del más débil”, comenta hoy al recordar esa época.

No es una segunda entrega en versión moderna del clásico de Alexandre Dumas “El Conde de Montecristo”, es una posibilidad real.

Al igual que Guántanamo o que algunas cárceles ya míticas como la de la Isla del Diablo en la Guayana Francesa o la de Alcatraz en la Bahía de San Francisco, ahora el gobierno australiano planea reabrir cárceles ubicadas en ínsulas del océano Pacífico para trasladar allí los centros de detención para solicitantes de asilo.