La noche del 2 julio fue una noche larga en Ucareo. Las campanas del templo de San Agustín aun no anunciaban la bendición nocturna cuando un tropel cruzó la plaza principal. Los jadeos de cinco hombres que punteaban la revuelta eran apagados por los gritos de la turba. Medio pueblo, armado con garrotes y guadañas, amenazaba con matarlos.

Con los claroscuros que implica, la posibilidad de la liberación del doctor José Manuel Mireles Valverde se observa más mediática que jurídica, toda vez que la PGR sólo se desistió del recurso de la revisión de un amparo, pero la acción penal iniciada contra el jefe fundador de los grupos de autodefensa no ha sido retirada por el gobierno federal.

Pese a que se mantiene incomunicado y con restricciones al exterior del penal, el que fuera gobernador interino de Michoacán, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, Jesús Reyna García, ya comenzó a reorganizar a su grupo político. Silenciosamente algunos de sus más leales colaboradores se ha reposicionado en la estructura de gobierno que iniciará gestión el primero de septiembre próximo.

Por lo menos 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a causa de la deficiente procuración de justicia durante el periodo de gobierno compartido por Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara, podrían emitirse contra el gobierno estatal de Michoacán en los próximos meses. La primera de ellas ya fue hecha, exponiendo dilación y omisiones en la averiguación del asesinato de cinco jornaleros ocurrido en el 2013.

Tras los primeros acercamientos entre el gobernador sustituto y el electo de Michoacán, ha trascendido la falta de información que se le ha otorgado al nuevo jefe del ejecutivo entorno a los principales problemas sociales que afronta el estado, en donde no existe un informe completo de los temas medulares, como las autodefensas, el nivel de la deuda pública o los acuerdos establecidos con los grupos magisteriales que mantienen movilizaciones en toda la entidad.