El gobierno de Michoacán confirmó la detención de más de 55 estudiantes normalistas acusados de diversos delitos, y la recuperación de tres autobuses con reporte de robo.

El gobierno dijo que los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades  y no habrá negociaciones para que logren su libertad.

“No voy a negociar la ley, han abusado de la paciencia de todos, de los ciudadanos en general que están desesperados ante las acciones de vandalismo de estos jóvenes, no se va a negociar la ley”, sentenció el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El excomisionado en Michoacán Alfredo Castillo, el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa y el procurador José Martín Godoy Castro tienen cinco días para rendir su declaración sobre el caso José Manuel Mireles.

Este plazo inicia una vez que reciban el oficio del juez Quinto de Distrito en Michoacán, Jorge Armando Wong Aceituno.

En dicho documento se les pide que respondan a un formulario que realizó la defensa del médico líder de los autodefensas y acusado de portación de armas.

Ni siquiera un “usted disculpe” le dijo el juez que lo liberó. Tuvo que pasar 10 años en la cárcel para demostrar que era inocente. 

El gobierno de Vicente Fox lo acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, que a final de cuentas no pudo demostrar. Todo se fundó en suposiciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a la que hoy ha demandado, no para que le devuelvan los diez años de cautiverio injusto, sino para ayudar a sentar el precedente sobre el uso en México de la justicia con fines políticos.

Michoacán es el primer estado de la república en donde los derechos humanos –al menos durante la pasada administración local- fueron letra muerta para las autoridades estatal y federal. 

La omisión con la que actuó no sólo el gobernador Salvador Jara sino la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) obliga a que se haga una investigación a fondo para fincar responsabilidades civiles o penales a quienes permitieron el estado de abandono en el que vivió la sociedad entera.

Sí hubo al menos una ejecución extrajudicial en la matanza del 6 de enero del 2015, ocurrida en Apatzingán, donde elementos de la Policía Federal habían informado oficialmente que el resultado de 12 personas muertas había sido consecuencia de un enfrentamiento contra civiles armados, identificados como miembros del grupo de autodefensas comandados por Luis Antonio Torres, “El Americano”.