La investigación criminal por los 49 cuerpos mutilados que arrojaron en Cadereyta parece dirigirse al limbo institucional.

Y es que tanto la PGR como la Procuraduría estatal de Nuevo León han asumido sus tradicionales posturas para eludir el asunto central y de fondo: cuál es el móvil y quiénes son los autores de la mutilación de 49 personas.

Gente asesinada que todavía hasta ayer seguía sin ser identificada por las autoridades.