En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que la empresa canadiense Goldcorp se adueñara de los ejidos El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros, en Zacatecas, para construir el complejo minero Peñasquito que se inauguró en 2010, y es hoy la mina de oro más grande de América Latina.

Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó presuntamente el engaño, mediante contratos de ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios, para reubicar a 29 familias de los ejidatarios, dueños de esas tierras.

En 2009 un centenar de funcionarios fueron detenidos en el estado de Hidalgo.

Fue un caso que no sonó igual que el famoso “Michoacanazo”, pero que reúne las piezas más defectuosas de la administración de Felipe Calderón: testigos protegidos, arraigos y persecuciones políticas.

Cuatro años después el proceso jurídico de los detenidos está en el limbo y sus familias piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto.

La aprobación de la iniciativa del “mini-arraigo” del PRI y el PAN está en puerta. Las alertas rojas están encendidas.

Es posible que este jueves que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se convalide el proyecto de dictamen de estos partidos referente a reducir el arraigo de 40 a 20 días. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, gran parte de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) tuvieron como pilar fundamental las informaciones de detenidos relacionados con el crimen organizado, quienes decidieron “cooperar” a cambio de beneficios legales e, incluso, económicos.

Después de más de dos meses y medio de desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados locales aprobaron la creación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal.

Ayer, el Congreso del Estado votó esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de San Pedro hace dos años, pero dejó pendiente la creación de un capítulo para definir el “daño patrimonial”, solicitado por el mismo Municipio en la controversia constitucional.