A pesar de que los subsidios para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se duplicaron este año, entre las entidades más atrasadas se encuentran Guerrero y el Estado de México, protagonistas de los casos recientes de Tlatlaya y Ayotzinapa.
Todas las instituciones federales que deben participar en la implementación del sistema fueron reprobadas en el Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México, que elaboró el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).
Peniley Ramírez