La ascendente carrera delictiva del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño está cerca de llegar a su fin.

Un juez ha liberado –después de 4 años de haber gozado una sospechosa impunidad - una orden de aprehensión para que la PGR detenga al controvertido exjuzgador federal.

El de Jerezano se trata sin duda del caso más grave de corrupción que involucra al Poder Judicial de la Federación.

Su caso puso al descubierto una red de funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que operaba para empresas de casinos en México.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, entregó la posesión de la empresa que opera el disputado casino La Fortuna a los propietarios legítimos de esta casa de apuestas.

El Ministerio Público Federal dejó en depositaría –acto que deja en custodia bienes a alguna entidad o persona- la compañía Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., a un representante legal de los dueños del establecimiento.

Mayo se convirtió en un mes histórico por los casos de jueces y magistrados suspendidos por beneficiar a empresas casineras. 

Los últimos son el juez Javier Rubén Lozano Martínez, extitular del Juzgado Segundo de Distrito, así como los magistrados Eduardo Ochoa Torres, expresidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey y José Manuel Rodríguez Puerto, exintegrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, de Tamaulipas.

El Consejo de la Judicatura Federal denunció penalmente al juez suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

Las conductas que el órgano colegiado pidió investigar a la Procuraduría General de la República corresponden a su desempeño como titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón.

Los jueces suspendidos Ricardo Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano Treviño, comparten más que una amonestación que los impide ejercer su cargo: ambos son compadres de bautizo desde hace 10 años.

Los dos fueron suspendidos por el otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas en amparos con irregularidades procesales, pero también los une una relación de compadrazgo bajo la doctrina católica.