La guerra contra el narcotráfico y la disputa por la plaza que protagonizan Los Zetas y El Cártel del Golfo está generando en Nuevo León una escalada de secuestros y casos de privación ilegal de la libertad.

Esta situación ha prendido las alertas de las autoridades y la de los nuevoleoneses.

El repunte de estos delitos  forma parte de los estragos que está dejando el combate que realizan las autoridades a los cárteles de la droga que operan en todo el territorio estatal.

Incluso hay importación de delincuentes de otros estados, como Sonora y Veracruz. 

Aunque parece una película, El Caso Hendrick, el niño que recibió un balazo el 2 de noviembre en una sala de Cinépolis de Iztapalapa, no ha sido el único y ha rememorado otros episodios que también parecen ficción, pero que ocurren a diario en esta zona donde la posesión ilegal de armas forma parte del paisaje urbano.

La Constitución mexicana es taxativa cuando dice en su primer precepto que, “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”... 

La Procuraduría de Jalisco (PGJ) no documenta ni investiga las desapariciones forzadas o levantones que se han quintuplicado en los últimos 5 años en el estado.

La prueba es que el procurador Tomás Coronado Olmos aceptó que existían denuncias interpuestas desde el año pasado por la desaparición de varias de las 18 víctimas inocentes encontradas en al carretera Guadalajara-Chapala.

Y es que no es la primera vez que en un hecho delictivo coincide la venganza contra un grupo criminal y las amenazas contra la autoridad a la que se le señala como coludida con esta agrupación.