El Observatorio Ciudadano dio a conocer ayer que el llamado “delito silencioso” ha tenido un constante incremento en los últimos años en Nuevo León, y actualmente ocupa el segundo lugar en México.

La complejidad y la presencia de una honda corrupción en el proceso de devolución de los automóviles robados en Jalisco, que llegan a ser recuperados por las autoridades, está llevando a que cada año cientos de estos vehículos no sean retornados a sus dueños. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha constatado que personal de la Fiscalía General exige dádivas a los propietarios de los autos que son encontrados, con las que condicionan una entrega pronta del bien, y si no acceden al pago, se atienen a las consecuencias. 

Una de las zonas más peligrosas en el Centro de Monterrey amenaza con volver a la vida: la calle Villagrán, donde proliferan bares y centros nocturnos y que ha sido escenario de múltiples actos violentos.

A pesar de que cuenta con una clausura definitiva, uno de los centros nocturnos que podría reabrir es el Tangalay, bajo una nueva razón social: Dubai.

El secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Jesús Hurtado, confirmó que personal de este espacio se ha acercado para solicitar una anuencia para conseguir una nueva licencia de venta de alcohol.

Para la representante de la Casa de los Derechos de Periodistas en Puebla, Claudia Martínez Sánchez, los principales depredadores del ejercicio periodístico en esta entidad son funcionarios públicos de nivel municipal, principalmente alcaldes, jefes de Seguridad Pública y elementos de la Policía, así como escoltas del gobernador Rafael Moreno Valle.

Alrededor de 500 periodistas han muerto en todo el mundo por ejercer su profesión, en los últimos 10 años. De estos, de acuerdo a reportes de la ONU, la quinta parte estaba en México.

Según la organización Reporteros sin Fronteras, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. 

Para Artículo 19, la violencia en contra de la prensa en México es generalizada y el Estado, que debería proteger su ejercicio, es su mayor atacante.