El asesinato del joven estudiante Francisco Álvarez, de tan solo 17 años, tras resistirse a entregar su celular en un asalto, ha causado indignación y un reclamo severo a las autoridades encargadas de la seguridad por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y su Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

El pasado martes, aproximadamente a las 16:30 horas, Francisco caminaba por la calle Río Madeira, en la colonia Quinta Velarde, al Oriente de Guadalajara, cuando fue abordado por un sujeto que lo amenazó con un cuchillo para que entregara sus pertenencias.

El estallido de una granada de gas encendió la alerta la noche del martes en el Palacio de Justicia de Monterrey.

El ataque fue confirmado ayer por el procurador del Estado, Bernardo González, luego de que fue dado a conocer por este medio.

Una fuente penitenciara reveló que personal de Servicios Periciales recolectó el aparato explosivo en el área del estacionamiento, a un costado de Palacio Justicia de Monterrey, ubicado por la avenida Rodrigo Gómez en la colonia Nueva Morelos. 

“Vete de  aquí que va a valer madres”, le dijo uno de los 30 hombres al dirigente Juan Luna Reyes antes de comenzar la golpiza y robarle las cuotas cobradas a comerciantes del Tianguis San Juan. Un año y medio después, él está muerto.

Autoridades de Iztapalapa y Nezahualcóyotl anunciaron que frenarán la operación de dicho mercado ante la ola de violencia registrada ahí en los últimos meses.

El impasse en el que se encuentra la Ley de Seguridad interior en el Congreso de la Unión ha provocado que los mandos militares y hasta el presidente hayan alzado la voz para exigir a los legisladores la aprobación de esta iniciativa que lleva casi un año congelada.

Pese al creciente descontento de las fuerzas armadas y un evidente desprestigio institucional, los legisladores federales no han tenido voluntad política para sacar adelante uno de los grandes pendientes legislativos en el país.

En México existen seis modelos policiacos. Algunos fuera de la ley y otros creados por los propios ciudadanos, todos dan cuenta de los intentos que ha habido por dar una solución al problema de inseguridad, pero han sido también un factor para el incremento de la violencia.

Para Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y académico de la UNAM, la guerra contra las drogas dio prioridad a la mano dura por sobre los derechos humanos, lo que contradice incluso a la Constitución Política mexicana.