El programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para liberar a indígenas encarcelados que habían sido víctima de violaciones a sus garantías fue adoptado por Jalisco y, al mismo tiempo, ignorado en 2013, cuando el Gobierno del Estado reportó un nulo avance en la liberación.

Unos 90 indígenas permanecen recluidos en las cárceles estatales y municipales de Jalisco, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Estos forman parte de un universo de 8 mil 502 que están presos en todo el país.

El 1 de octubre pasado Jalisco se sumó a las entidades donde opera el sistema de justicia penal acusatorio y oral, con la promesa de dejar atrás un modelo opaco y transgresor de derechos humanos que, si bien tiene víctimas en todas partes, los indígenas lo sufren particularmente.