Detrás del cuestionamiento de las resoluciones de la Unidad Fiscalizadora del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex y los topes de campaña de los excandidatos a la Presidencia de México, existen estrategias que los gobiernos locales priistas urdieron para evadir el registro de algunos gastos de campaña. 

El pago de favores estuvo a la orden del día, sobretodo con empresas que se vieron beneficiadas por polémicas decisiones de los ayuntamientos salientes.