Daniel nunca pensó que salir a comprar un pozole la noche del 15 de octubre de 2014 le costaría una golpiza y el robo de televisores, joyas, computadoras, cámaras de video y de poco más de 30 mil pesos.

“Yo creí que me iban a matar estos señores. Yo creí que me iban a matar, no sabía porqué pasaba eso, pensé que venían a robarme, a extorsionarme”, relata a Reporte Indigo, Daniel C., un vendedor de llantas del oriente de Guadalajara.

El treintañero había llegado esa noche con el recipiente del pozole en las manos y acompañado de su amigo Sergio.

El caso de Iguala está resonando alrededor del mundo; y ahora, a causa de las fuertes declaraciones de la organización Human Rights Watch (HRW), gran parte de la presión por esclarecer ese y miles de otros casos se centra en el Gobierno federal. 

Y es que a raíz de la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, la organización pro derechos humanos denunció ayer que desde 2006 hasta abril de 2014 en México han desaparecido 22 mil 300 personas sin que nadie haya sido condenado en relación con estos hechos.

‘Torpe manejo’

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene varios motivos para mostrar preocupación por las personas con discapacidad en México.

En su informe sobre nuestro país, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU externa su inquietudes respecto a “(…) que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón”, señala el artículo 8 del apartado “Toma de conciencia” del documento, que incluye 67 recomendaciones al Gobierno Federal.

A tres años de la aprobación de la reforma en derechos humanos en México, se hizo un balance de cómo se ejecuta, implementa y da seguimiento a la misma.

En el foro “Actualidad, retos y prospectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, que concluyó ayer, se revisaron los avances y pendientes en la materia, analizando qué medidas le están dando efectividad a esta legislación.

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) vestidos de civil entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán.

Decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”. Los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores protestaron.

Jacinta estaba en la bola.