Era jueves 2 de marzo de 2017. Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de Tierra Caliente, se encontraba en un autolavado de Ciudad Altamirano, Guerrero. Un sujeto desconocido se acercó y le disparó en varias ocasiones, lo asesinó.

De acuerdo con Espacio OSC, las agresiones comenzaron en septiembre de 2015, cuando descubrió a unas personas que privaron de la libertad a dos de sus familiares que se encontraban en su domicilio, en Coyuca de Catalán. El resultado, una amenaza con arma de fuego de la cual salieron ilesos.

Más de un centenar de activistas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y promotoras de la justicia, dirigieron una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para solicitar su intervención en la “alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad”.

En el documento se menciona el contexto que vive México en materia de violencia, impunidad, el alto índice de homicidios, personas desaparecidas, asesinatos contra miembros de la prensa y el caso del presunto espionaje contra periodistas y activistas.

Si algo se le cuestiona al ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, es la relación de cercanía y sumisión que construyó con el poder público del Estado, y en particular, con el Ejecutivo, como quedó evidenciado con el tratamiento de la reciente recomendación 31/2017.

Esa recomendación hace referencia al grave hecho en el que fueron asesinados los activistas indígenas y defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, el 20 de mayo, y que le ha merecido al Gobierno de Jalisco exhortos nacionales y aun internacionales para que lo atienda cabalmente.

A casi dos años del múltiple homicidio en la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) emplazó a la Procuraduría General de Justicia capitalina a presentar un plan de investigación que subsane las irregularidades en las indagatorias e indemnice a los familiares por los daños ocasionados.

Los municipios vecinos de Mezquitic y Bolaños, en el Norte de Jalisco, son utilizados como un territorio fundamental para el cultivo de amapola en el estado.

Estos dos lugares de la región Norte del estado concentraron el 91 por ciento de toda la superficie cultivada con amapola detectada en 2016 en Jalisco, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General y las labores de erradicación que desarrolla en esta materia.