La seguridad pública en Puerto Vallarta está en vilo. Los efectos que traerá para ese destino turístico el choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa podrían hacerlo repetir la oleada de ejecuciones que vivió en años recientes.

Aun y cuando ha trascendido que habrían sido liberados los dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que fueron secuestrados ahí, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar -si bien solo se habló oficialmente del segundo-, el horizonte que aguarda al puerto es incierto.  

Las redes de quien fuera presuntamente el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sergio Schmidt Sandoval, según la Comisión Nacional de Seguridad, crecieron por todo el estado y de forma particular en Puerto Vallarta, hoy bajo la mirada nacional. 

Además de la violencia feminicida que amenaza la vida de las mujeres en Jalisco, estas son igualmente victimizadas por la espiral de asesinatos desatada por la delincuencia organizada y los choques de los grupos criminales con presencia en el estado.


De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General local, las organizaciones delictivas en Jalisco han estado involucradas en al menos 91 asesinatos de mujeres, en el periodo que va del año 2007 al 2015, cuando este tipo de violencia ha registrado sus mayores picos.



Los múltiples hechos que han sido corroborados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como desapariciones forzadas en el estado, en las que existió la participación de agentes policiales, no han sido reconocidos como tales por la Fiscalía General.

Apenas en junio pasado la CEDHJ anunció que había documentado una nueva desaparición forzada en Jalisco, ocurrida el 24 de mayo de 2015 en el municipio de San Juanito de Escobedo, donde sus policías desaparecieron a un individuo de 32 años.
 

Quien fuera el jefe de Inteligencia criminal del Gobierno de Jalisco, Sergio Guadalupe Adame Ochoa, hoy acusado de lavar fondos del narcotráfico, tenía una doble vida como informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sostienen los agentes que llevan el caso en su contra en Estados Unidos.