La zona centro de Guadalajara es una de las más inseguras de la ciudad y, al mismo tiempo, una de las que más dinero le ha costado a esta administración para mantenerla protegida. 

Porque el Ayuntamiento ha invertido más de 7 millones de pesos en vehículos especiales para el patrullaje del primer cuadro de la ciudad. 

Pero casi todos están arrumbados en alguna bodega de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

El caso del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño no está destapando sólo un caso de corrupción en el Poder Judicial de la Federación.

Este asunto revelado ayer por Reporte Indigo pone al descubierto los nexos cada vez más evidentes que existen entre los casinos, los jueces y el crimen organizado en Nuevo León.

El juez federal Luis Armando Jerezano Treviño es acusado de formar parte de un grupo del crimen organizado que se dedica a extorsionar a empresarios de casinos en Monterrey.

Jerezano Treviño, quien está suspendido desde hace un año bajo sospecha de corrupción por el caso del casino Royale, es señalado en una denuncia penal como el responsable de la privación ilegal de la libertad que sufrió el propietario de un centro de apuestas.

A pesar de que en Guadalajara existen casinos que no cumplen con la reglamentación municipal, la autoridad no puede hacer nada para erradicarlos.

Con todo y que el Ayuntamiento emitió a inicios de 2011 una regulación especial para las casas de apuestas, es imposible cerrar algunas de ellas.

Y es un problema que afecta a todo el estado. De hecho, Jalisco es la cuarta entidad del país con más casinos en operación.

Las irregularidades en la licitación de obra pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) podrían extinguir la “llama de la verdad” que presume la institución educativa en su escudo.

Porque la UANL erigió una barrera a los constructores que no están en su círculo de confianza, entre sus favoritos.

Hecho que ya fue denunciado ante las instancias judiciales.