Durante la más reciente elección presidencial en Brasil, el partido y la campaña de la presidenta Dilma Rousseff se vieron afectados por quizá el mayor caso de corrupción en la historia del país.

El escándalo se originó en la paraestatal petrolera Petrobras, e involucra miles de millones de dólares en sobornos y lavado de dinero, destinados a asegurar apoyo para el Partido de los Trabajadores y sus aliados políticos.

Todo comienza con un tesorero señalado por gastar dinero público en un prostíbulo y un regidor que, manejando en estado de ebriedad, mata a seis personas.

A este escenario, se le agrega un funcionario municipal que vende plazas irregulares en un ayuntamiento y, para hacerlo más interesante, aparecen en escena un grupo de maestros enardecidos que bajan de la sierra para exigir pagos retenidos.

El guión bien podría usarse para una película, sin embargo, es la realidad que aqueja hoy a Oaxaca y sus pobladores.

Los gustos del tesorero

Para muchos mexicanos, el reto es que la reciente reforma energética logre frenar la corrupción en el sector. En los últimos días, los brasileños han compartido este sentimiento.

El viernes pasado fue arrestado un exdirector de la paraestatal de Brasil Petrobras, así como nueve altos ejecutivos de importantes empresas nacionales por su presunta participación en una red de desvío de recursos.

Se estima que el esquema de corrupción, que incluye sobornos, lavado de dinero y sobrefacturación, implica cerca de 4 mil millones de dólares.

Mientras que en México la corrupción en la clase política y empresarial raramente es castigada, en España acaban de destapar una gran red que cobró al menos 250 millones de euros del erario.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, reveló este domingo una asociación de cobro de comisiones ilegales que involucra en gran parte al Partido Popular (PP), pero también a políticos del Partido Socialista Español (PSOE), informó ayer El País. 

Bajo el mandato del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, su Contraloría documentó diversos delitos cometidos en varias dependencias de gobierno, tan graves como enriquecimiento ilícito y peculado, pero todo terminaría encubierto y nunca expuesto a la opinión pública. 

Fraude, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, complementan la lista de los ilícitos que la Contraloría del Estado comprobó en las secretarías estatales con las auditorías que realizó durante el sexenio anterior.