La constructora española OHL se hunde cada vez más en el escándalo de corrupción de su filial mexicana.

A principios de mes se dio a conocer en Internet unas grabaciones telefónicas en las que supuestamente altos directivos de OHL México discutían la operación fraudolenta de una de las licitaciones que ganó en el Estado de México.

El gobierno estatal libró de sanciones a uno de los primeros responsables del gasto público en los Juegos Panamericanos de 2011, Carlos Andrade Garín –y su equipo–, señalado de varias irregularidades de esa justa deportiva.

Andrade Garín dirigió el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code) durante la gestión del exgobernador panista, Emilio González Márquez; fue pieza clave en el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivos de esos Juegos (Finde). 

La constructora española OHL se encuentra bajo el escrutinio público después de que se filtraran varios audios en Internet donde sus directivos discuten operaciones fraudolentas.

Ante las acusaciones, Juan Miguel Villar Mir, presidente de la empresa, se lavó las manos del escándalo y afirmó que el ahora ex director de relaciones públicas que sale en los vídeos, Pablo Wallentin, es el único responsable.

“Un solo empleado se ha saltado nuestro código. Hay que estar verdaderamente loco para pensar eso de una empresa modélica (como OHL)”, ha declarado ante los medios Villar Mir.

“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?”.

-“Pues yo creo que una manita, ¿no?”.

Este es el tipo de conversación que presuntamente sostienen dos altos ejecutivos de OHL México, de acuerdo a unos nuevos audios que fueron filtrados ayer en Internet.

En las grabaciones se puede escuchar supuestamente al director jurídico de la empresa, Gerardo Fernández, y al de relaciones públicas, Pablo Wallentin, en una discusión acerca de cómo pueden realizar pagos a magistrados sin que se vean reflejados en sus libros corporativos.

El lunes los mexicanos recibieron la noticia de que viven en el segundo país más corrupto del mundo, según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015. Ayer, un artículo publicado por El País le echó más leña al fuego.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al que tuvo acceso el diario español, el Gobierno mexicano ha castigado por corrupción a por lo menos 101 funcionarios de 11 instituciones públicas federales en los últimos dos años.