La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, tiene una relación que pone en duda su imparcialidad en las decisiones que toma como Ombudsman de Nuevo León.

Y no es su capacidad para ocupar este cargo público la que coloca a la presidenta de la CEDH en una posición cuestionable. Tampoco son los conflictos internos que existen dentro de su organismo. Son sus lazos familiares.