La Subprocuraduría Anticorrupción estatal podría sumar otro fracaso en su lucha legal para encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina, objetivo hasta ahora infructuoso que ha ocasionado la pérdida de la confianza ciudadana.

Esta Fiscalía, a cargo de Ernesto Canales, no ha logrado poner un golpe certero a Medina, y cuando lo logró se esfumó en unas cuantas horas.

Hasta el momento, 20 funcionarios estatales y municipales sencillamente han librado las embestidas de la Fiscalía, pues los casos no han logrado repercusiones o castigos contra los acusados.

Una nueva pifia de la Subprocuraduría Anticorrupción, encabezada por Ernesto Canales, sepultaría toda posibilidad de encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina, quien continúa imponiéndose en los tribunales del Poder Judicial de Nuevo León.

Se trata del nuevo convenio realizado por el actual Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la empresa Kia Motors.

La estrategia de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León para encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina por el caso Kia Motors, pareciera que sólo ha estancado el rumbo del proceso.

Caso contrario sucede en los procesos del exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, y de los exmandatarios de Sonora, Guillermo Padrés, y de Chihuahua, César Duarte.

Todos sus procesos están en la Procuraduría General de la República (PGR), y mientras Javier Duarte y César Duarte están siendo buscados para una posible detención, Padrés ya fue encarcelado.

La Subprocuraduría Anticorrupción del Estado de Nuevo León denunció penalmente ante la PGR, a la Jueza federal que ordenó liberar de la prisión preventiva al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz el pasado 27 de enero.

El fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, explicó que la Jueza del quinto distrito en materia penal de Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos se excedió en la aplicación de la ley.

Un exfuncionario de la pasada administración de Nuevo León quedó vinculado a proceso por ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.