Lo que empezó como una simple diligencia de Conciliación y Arbitraje en el casino La Fortuna, terminó con un zafarrancho que protagonizaron supuestos cetemistas, presuntos agentes de Ministerio Público, fuerzas militares y al menos dos corporaciones de seguridad.

Por cerca de tres horas el Ejército, Fuerza Civil, la Policía de Monterrey y supuestos agentes de la PGR se dieron cita en el centro de apuestas, pero nunca dejaron en claro a los casineros si apoyaban con la fuerza pública la diligencia o si realizaban un operativo.

El negocio de la jugada ocasiona que a muchos mexicanos les vaya de la patada.

Pero las empresas del juego, incluso sin autorización oficial, están boyantes en recursos.

Y es que no importó que la Secretaría de Gobernación declarara falso un permiso de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua S.A. de C.V.

Tampoco, que detrás de esa supuesta autorización estuvieran ex funcionarios de Gobernación acusados de de corruptos.

Pero menos influyó que el municipio de Linares tratara de clausurar el casino.

La denuncia penal por las extorsiones del crimen organizado a los dueños del casino La Fortuna, que implica a un juez federal involucrado en el casino Royale y a un ex alcalde de Tamaulipas, está congelada por las autoridades estatales y destinada al carpetazo.

La Procuraduría de Justicia de Nuevo León tiene en su poder pruebas que suponen la participación criminal del juez Luis Armando Jerezano Treviño y del ex edil de Miguel Alemán, Manuel Balderas Ramírez, en el intento de despojo de esta casa de apuestas de Monterrey.

El mayor atentado perpetrado por el crimen organizado contra la sociedad civil fue el incendio del Casino Royale, que hace un año destapó el cobro de piso a casineros.

Ahora, una grabación en poder de Reporte Indigo revela que los cárteles de la droga también están tratando de apropiarse de los casinos por la fuerza, con secuestros y amenazas de muerte contra los propietarios. 

Semillero de narcotráfico, club de prostitución o lavandería de billetes, los casinos en México han tenido que enfrentar todo tipo de quejas y descalificaciones.

En México, según la Secretaría de Gobernación, operan cerca de 60 casinos sin permiso, una quinta parte de todos los que operan en el país.

De los que tienen autorización, el 40 por ciento se distribuye en Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal y el Estado de México.

De las 306 salas autorizadas, cada año arriban a un casino cerca de un millón de personas.