Durante los sexenios panistas dominó la industria casinera, pero hoy su poder le ha sido “revocado”. 

A un mes de que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizara un operativo en seis estados para clausurar físicamente siete centros de apuestas ligados a Juan José Rojas Cardona, la dependencia federal le revocó a su empresa Entretenimiento de México, S.A de C.V. (EMEX) los permisos para operar 19 establecimientos. 

El Gobierno federal debe de investigar a todos los empresarios casineros de México y no solo a uno, dijo ayer el diputado  Fernando Zárate.

El legislador perredista, presidente de la comisión especial para investigar las irregularidades en casinos, informó que presentó un punto de acuerdo para que así como se le aplicó la ley al empresario Juan José Rojas Cardona, se haga con los demás.

Zárate insistió en que pedirán a la Secretaría de Hacienda toda la información que tiene con respecto al posible lavado de dinero en este sector.

Lo que urge en México es legislar en materia de Juegos y Sorteos, dice el diputado perredista Fernando Zárate.

El legislador preside desde la semana pasada la Comisión Especial de Juegos y Sorteos que se creó en la Cámara de Diputados.

El joven legislador asegura que se le tiene que dar certeza a los inversionistas y al gobierno en este sector.

“Lo que tenemos que hacer regular y no reprimir, no podemos fomentar un mercado negro y dotarle de certeza jurídica a los ciudadano y a los inversionista.

Nada, nadie.

Nada ha pasado. Nadie ha sido consignado. Por el contrario, el principal sospechoso de beneficiar a casineros con permisos falsos de la dirección de juegos y sorteos está libre.

En la administración de Enrique Peña Nieto la impunidad lleva mano y por eso apuesta. La justicia tiene los dados cargados. A un año de las denuncias de la abogada Talía Vázquez Alatorre sobre una mafia en la Secretaría de Gobernación que emitió permisos irregulares, todos siguen igual. 

El exdirector jurídico de la administración de Fernando Larrazabal firmó un resolutivo que hoy los casineros podrían utilizar como el principal argumento legal para reabrir casas de apuestas.

El responsable, el hoy diputado local por el PAN, José Adrián González Navarro, firmó ese resolutivo.

En él, el Ayuntamiento regio se declara incompetente para vigilar la operación del Casino Revolución, por ser una atribución federal.

Pero lo afirma cuando el asunto a vigilar era el uso del suelo, es decir, una atribución municipal.