Las movilizaciones ciudadanas ante los escándalos de corrupción están forzando a los más altos funcionarios de gobierno a renunciar, al menos en algunos países latinoamericanos.
Así lo demostraron las protestas del fin de semana en Guatemala que exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien está acusado de organización ilícita y cohecho pasivo.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan al mandatario como el jefe de una estructura criminal que desviaba recursos públicos desde las aduanas del país.
Pedro Pablo Cortés