La Procuraduría General de la República ha decidido impugnar la liberación de Rubén Oseguera González, mejor conocido como “Menchito” hijo del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Es la segunda vez que a este personaje, ligado al crimen organizado, lo detienen y por falta de pruebas lo dejan libre. La molestia en PGR es mayúscula pues aseguran que la Juez, Nadia Villanueva, le dio todo el valor probatorio a las declaraciones de policías que ni siquiera estuvieron en el lugar de la detención. 

Otra vez le tocó al pintor, Francisco Toledo, una refriega por parte de las autoridades oaxaqueñas. La verdad es que poco a poco se va matizando una lucha entre el pintor y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cúe. Lo que en un principio era una oposición al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca se está convirtiendo en un pleito personal. Ayer por segunda vez al artista le dieron hasta con la cubeta y eso, por ser el artista que es, se convierte en nota internacional.

Aquí se lo adelantábamos hace una semana: la contienda interna panista estará más emocionante que cualquier pelea de box patrocinada por cerveceros y marcas deportivas. Acción Nacional tenía la esperanza de darle un toque democrático a la justa por la dirigencia nacional con la formación de una comisión especial que llevara a cabo preparativos y pusiera las condiciones del estira y afloja. Pero pues les salió todo al revés porque la tan cacareada comisión parece que trae cachirulos.

El pintor Francisco Toledo entrará desde el martes en su faceta de activista en serio. Y es que el multipremiado artista se opone al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca que construye la administración de Gabino Cué. La idea es llegar al martes a las 11 horas al Cerro del Fortín e intentar poner sellos de clausurado y hacer todo un evento para que sea de conocimiento nacional. Este diario publicó la semana pasada los inconvenientes de la obra y el presunto involucramiento de funcionarios del gabinete de la administración estatal.

Ya no sabemos quién más deba decirlo para que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo entiendan: la evaluación educativa es válida, legal, pero sobre todo necesaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya avaló la legalidad y la constitucionalidad de esta prueba. Sin embargo los profesores insisten en desconocerla y oponerse ante ella. ¿Quién más tiene que decirlo para que ellos lo acepten? ¿Sus líderes sindicales? ¿La lógica y la razón? ¿Quién más?