La detención de Ismael “El Mayo” Zambada resuena en Sinaloa entre el miedo a que se dispare la violencia. Las poblaciones perviven sin que las alcancen los recursos federales. En los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 –los años que ha gobernado Rubén Rocha Moya– aparecen solo dos contratos que según su título, están dirigidos a la protección de los ciudadanos. Uno fue para la adquisición de radios portátiles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el otro para comprar equipo de cómputo para el Centro Estatal de Información Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado.
En cambio, en 2023, un artefacto lució en la lista de compras: las llantas automotrices. Se adquirieron cientos para los vehículos de las unidades de salud. De 36 contrataciones, 20 tuvieron ese objetivo. De modo que ese año las empresas Comercializadora Vallecul S.A de C.V y Llantas y Partes López S.A de C.V fueron las estelares en la proveeduría del gobierno sinaloense, de acuerdo con una localización de contratos por parte de Reporte Índigo en CompraNet.
La obra pública con beneficio a empresas constructoras también ha predominado en el gasto sinaloense. En lo que va de esta administración estatal se han erogado poco más de 571 millones de pesos. De la cantidad, el 35 por ciento fue para construcción, desde reparaciones en planteles educativos hasta megaproyectos.
La mayor obra en ese afluente de millones de pesos, fue el puente El Quelite en la que, según los contratos otorgados, se erogaron 142 millones 778 mil 516 pesos con las empresas Construcciones Felmi S.A de C.V, Corporativo de Servicios en Construcción S de RL de C.V y Grobson S de RL. El puente se derrumbó en diciembre de 2022 debido a una pieza mal colocada. La equivocación costó 200 millones de pesos que según el gobierno estatal corrió a cargo de Grobson S de RL.
Otra construcción con dinero federalizado fue el camino Batequitas-La Higuerita en el municipio de Badiraguato. Costó 19 millones 542 mil 507 pesos y el contrato le fue otorgado a Crisa y Edificaciones Las Flores S.A de C.V. Una más fue el Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Mazatlán con Constructora Marvines, por 11 millones 224 mil 137 pesos.
Mientras, los contrastes se imponen. Los sinaloenses enfrentan crisis de vivienda. Entre 2020 y 2022, si bien la pobreza descendió al pasar de 28.1 a 21.6 por ciento, la falta de casa digna creció de 3.1 a 3.2 por ciento, según la Medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En las rancherías, en los adentros del estado, también hay incertidumbre. En esa tierra el desplazamiento ha sido un recurso para salvar la vida desde que, hace 14 años, el Gobierno federal con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como presidente inició una política en contra del llamado crimen organizado y entre sí, varios grupos delincuenciales se enfrentaron en las comunidades. A veces lo hicieron con incendios que acabaron con todo.
En 2024 no hay muchos caminos para tomar en caso de que surja la violencia con sus múltiples rostros. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación general 2/2022, el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas en Sinaloa cayó en la inoperancia.
