Zapopan, tierra de despojos

Zapopan es tierra sin ley.

Predios en poblados como Santa Ana Tepetitlán son codiciados por grupos que se dedican al despojo de bienes inmuebles en Jalisco. 

Colonias aledañas a zonas de alta plusvalía, justo hacia donde el crecimiento está llevando a la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

Margarito de Alba Rodríguez –víctima de despojo- pide a las autoridades “qué pongan mucho interés a esta zona de Zapopan”. 

Porque justo donde ahora existen lujosos desarrollos inmobiliarios como Puerta de Hierro, Santa Anita, El Palomar y Ciudad Bugambilias, el crecimiento se dio de esta forma.  

Y es que las deficiencias en los sistemas catastrales y registrales del estado de Jalisco han propiciado que particulares que no son reconocidos por pobladores de dicho municipio, ahora se digan dueños legítimos. 

“Aquí nosotros somos conocidos como la familia Alba Rodríguez por parte de mi padre Pablo Alba García que es originario de aquí de Santa Ana Tepetitlán”, indica Margarito. 

Atrás del predio que fue invadido en 2006, ubicado en Mariano Otero después de Periférico en la esquina con Prolongación Guadalupe, se puede ver el Cerro de Bugambilias con lujosas residencias. 

Margarito de Alba señala que su familia y aledaños se conocen desde hace décadas. 

El despojo del que ahora son víctimas empezó en 2004 con la invasión a los terrenos del Colegio de Pediatría de Jalisco. 

Dos años después, como sus terrenos están al lado, Armida de la Parra Chávez invadió también el predio que originalmente era del padre de Margarito,  Pablo Alba García. 

Las escrituras que presenta Armida de la Parra -que según su versión solo es litigante en este caso- son originalmente de Antonio Lomelin Ruiz. 

Lomelin Ruiz a su vez vendió a María del Rosario del Puente Viera Becerra, particular que tiene la posesión de ambos terrenos. 

Pero los antecedentes de Del Puente Viera Becerra tienen sustento en un Juicio Sucesorio Intestado en el que Alejandro Lomelin Ruíz es el “único y universal heredero” el 18 de julio de 1994. 

Ahí decenas de bienes fueron heredados a Lomelin Ruíz, en un procedimiento avalado por el Notario 60 Conrado Cevallos Ponce. 

Cevallos Ponce se suicidó en octubre de 2007 pues -según refieren fuentes cercanas al difunto- los problemas que le ocasionó un empleado de su notaría y uno de sus hijos terminaron por orillarlo a ese trágico deceso. 

Y es que los personajes cercanos a Cevallos Ponce abusaron de su confianza y falsificaron escrituras y dieron fe a actos ilícitos. 

Con estos antecedentes, María del Rosario del Puente Viera Becerra -que según los denunciantes es “empleada” de Armida de la Parra- busca constatar la pertenencia de algo de lo que tomó posesión de forma ilegal. 

Estas escrituras con el paso del tiempo han sido adecuadas o acomodadas en un territorio al que no pertenecen. 

Los registros de dicha zona han sufrido múltiples alteraciones con las reformas agraria y sobre la tenencia de la tierra desde el siglo 19. 

Y ahora esto permite la actuación de grupos del despojo que prolongan los juicios hasta el cansancio de sus víctimas, aprovechando estas inconsistencias en las escrituras antiguas. 

Así actúan las mafias del despojo en el estado, como se indicó en esta publicación el pasado 17 de octubre en “La industria del despojo”. 

Y es que en México no existe un adecuado sistema catastral que corrobore efectivamente sus datos con los registros público y agrario. 

Aunado a esto, el Catastro del Ayuntamiento de Zapopan tiene alteraciones que también ponen en riesgo la certeza jurídica de los predios, por lo que la corrupción de algunos funcionarios ha ayudado a estas personas en sus intentos por adueñarse de terrenos que no les pertenecen. 

Corrupción en Zapopan 

Por las filas del Catastro de Zapopan han desfilado personajes con oscuras relaciones. 

Y aunque varios empleados que han modificado los planos originales en beneficio de un particular y perjuicio de los legítimos dueños han sido despedidos, algunos siguen trabajando en el Ayuntamiento. 

Incluso hay funcionarios que tienen familiares directamente vinculados con las mafias del despojo de tierra. 

Como el hijo de Armida de la Parra Chávez que aunque negó su relación con los negocios de su madre, estuvo a cargo durante dos meses de la dependencia más valiosa para las mafias del despojo de tierras. 

Fue una decisión de último momento del ex alcalde Héctor Vielma Ordoñez. 

Y si realizó o no modificaciones durante su gestión a favor de los litigios de su madre, eso lo debe saber la actual directora de Catastro Ana Patricia Godínez Luna.

Pero la oficina de comunicación del Ayuntamiento de Zapopan señaló que no habría una replica sobre esta investigación, porque la administración acaba de entrar y no saben todavía que postura tomar. 

Aunque se aseguró que incluso el alcalde Héctor Robles Peiro ya tiene conocimiento de las irregularidades en Catastro. 

Y es que existen antecedentes de corrupción y malos manejos en la dependencia. 

En 2011 se reportó la desaparición de mil 938 expedientes y se denunció una mafia de corrupción en dicha dependencia. 

El Ayuntamiento cesó y denunció penalmente a tres empleados del área de Valuación y Cartografía por este acto: José Arturo Zambrano Zepeda, Martín Alvarado Sandoval e Ignacio Venegas Mandujano.  

Pero hay otro antecedente de un empleado que realizó modificaciones en el Catastro y hasta la fecha sigue trabajando ahí. 

Con los cambios que realizó Alejandro Parra González, encargado del área de Cartografía, se permitiría el despojo de bienes inmuebles ubicados en el poblado de Santa Ana Tepetitlán. 

En un escrito del 11 de agosto del 2006 al juez Cuarto de lo Criminal el director de Catastro en ese entonces, Sergio Radillo Fregoso, se indica: 

“Este empleado público ubicó en la cartografía con que cuenta esta dependencia, el predio de Alejandro Lomelin Ruíz (…) esto de forma indebida dado que ubicó el predio de Lomelin Ruiz, en un lugar que no le corresponde geográfica y cartográficamente”. 

Dicho empleado es parte del Catastro hasta la fecha. 

Y es que la inserción de la clave catastral que este empleado realizó en el sistema cartográfico de Zapopan, implica al grupo de Armida de la Parra Chávez. 

Porque las escrituras que Parra González trató de acomodar, son las que están a nombre de Alejandro Lomelin Ruíz. 

Cuando se consulta un predio a nombre de Lomelin Ruíz en el Catastro de Zapopan los propios empleados de ventanilla cuestionan: “¿quién es éste?, ¿Porqué piden tanto información de sus propiedades?”. 

Y es que con estos papeles De la Parra Chávez ha tratado de despojar al Colegio de Pediatría de Jalisco y a la familia Alba Rodíguez.  

Incluso sin importarle que las modificaciones que realiza en Catastro de Zapopan, son posteriores a convenios por los que el Ayuntamiento ya construyó vialidades como Prolongación Guadalupe. 

En esa situación está dos predios de los que se disputa en la zona referida. 

Escrituras sin ubicación 

En agosto de 2006 existe un informe de dicha dependencia donde se le acusa a Alejandro Parra González de haber ubicado en la cartografía el predio de Alejandro Lomelin Ruíz “en un lugar que no le corresponde geográfica y cartográficamente. 

“El servidor público no notificó al suscrito director de la anterior irregularidad, tal como se lo impone obligadamente en el artículo 55 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios”.

La clave catastral que en el mismo escrito se refiere que está “cancelada por falta de documentación necesaria para su ubicación cartográfica” es la D65G584309. 

 Y es la referente al litigio con el Colegio Jalisciense de Pediatría. 

O al menos la que inicialmente presentó como suya María del Rosario del Puente Viera Becerra. 

A pesar de esto, y de que las escrituras de Del Puente Viera Becerra no están inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, el juicio penal por despojo no procedió. 

Además el juicio civil se ha prolongado por años, desde 2004 en que se realizó el despojo, el caso avanza con lentitud. 

En los alrededores del predio del Colegio Jalisciense de Pediatría hay varios terrenos aledaños que De la Parra ha tratado de despojar. 

Uno es de la familia Alba Rodríguez, quienes ahora sufren carencias económicas por el largo litigio que han llevado para defender su terreno. 

Ayuntamiento debe, Armida despoja 

El 21 de marzo de 2004 el Ayuntamiento de Zapopan notificó a Rosalía Rodríguez Olivares, la madre de Margarito, que su predio sería afectado por la ampliación de Avenida Guadalupe. 

En aquel entonces se le pagaría 600 mil pesos por la fracción de su terreno que se volvería vialidad. 

El Ayuntamiento envío la subdivisión, pero nunca realizó el pago. 

Luego que la madre de Margarito Alba murió, con el juicio de sucesión se acordó que el monto sería pagado a Margarito y sus hermanos. 

Pero la resolución de éste se concretó hasta 2009. 

Y mientras tanto, en 2006, Armida de la Parra y María del Rosario del Puente tomaron posesión del terreno en el que hasta hace unos días se encontraba un camión de volteo de Margarito, y que ahora ya fue retirado del sitio. 

Por lo que para cuando Margarito y sus hermanos pudieron reclamar de nuevo el pago del Ayuntamiento, ya no tenían posesión del terreno. 

Aún así el Ayuntamiento prometió que pagaría a la brevedad. 

Luego asumió el hijo de Armida de la Parra la Dirección de Ingresos durante la administración de Héctor Vielma y desde entonces la promesa de pago ha sido olvidada. 

De hecho, a la fecha las cuentas de Margarito Alba Rodríguez en el Catastro de Zapopan están canceladas. 

Aunque Fernando Espinoza de los Monteros de la Parra contactó al reportero de Reporte Indigo para deslindarse de los “negocios de su madre”, es evidente el conflicto de interés. 

Porque los denunciantes creen que durante los dos meses que estuvo como director del Catastro de Zapopan, realizó la cancelación de las cuentas de Margarito Alba, entre otras cosas. 

Incluso existe temor de que las influencias de la familia Espinoza de los Monteros de la Parra se mantenga en las áreas del Catastro de Zapopan. 

Porque la nueva directora Ana Patricia Godínez es esposa del notario 67 José Luis Leal Campos, hijo del presidente del Colegio de Notarios José Luis Leal Sanabria. 

Se dice que las familias tienen amistad desde hace años y que Leal Campos ha dado fe en transacciones de uno de los predios que disputa Armida de la Parra.

Cuenta y clave catastrales

La clave catastral está compuesta por varios elementos que tienen que ver con su referenciación en los planos del municipio. 

La cuenta simplemente sirve para pagar el impuesto predial. 

En muchos casos, grupos que se dedican al despojo insertan cuentas catastrales en claves inventadas, o las duplican en claves que ya existen. 

Pero al ubicar estas claves en la cartografía, la ubicación de sus predios pierde sentido. 

Porque la clave establece la cuadra, el bloque y otros elementos que informan sobre la ubicación exacta del predio. 

En un documento del propio Catastro de Zapopan este establece que la cuenta “es el código mediante el cual se identifica el precio para efectos del impuesto predial. 

“La clave catastral es el código que identifica al predio en forma única, para su localización cartográfica, el cual será homogéneo en todo el Estado y se integrará con los elementos que se establezcan en el Reglamento de esa Ley”.