El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien recientemente aseguró que el combate a la corrupción se mantendrá como una de las máximas prioridades durante el tiempo que le resta a su gestión, suma ya centenas de funcionarios judiciales que han sido sancionados por anomalías en su actuación.
Este 6 de agosto de 2021, el ministro confirmó que su periodo al frente de la Corte terminará el 31 de diciembre de 2022.
“En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual”, mencionó.
“No cederemos — como no hemos cedido— a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas, no lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir; seguiremos trabajando el resto de este periodo de manera incansable, queremos una justicia con rostro humano, queremos una justicia que llegue a los más pobres, a los marginados, a los olvidados; queremos una justicia que sirva al pueblo de México y no a los intereses económicos y a los grupos de poder”
Esta cruzada contra la corrupción judicial que dice haber emprendido el ministro se ha traducido en castigos para un nutrido grupo de juzgadores, incluyendo magistradas y magistrados, según se reporta en su “Informe Anual de Labores 2020”.
“Se impusieron 67 sanciones a servidoras y servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales: 15 magistradas y magistrados de Circuito, siete juezas y jueces de Distrito, 13 secretarias y secretarios de Tribunal, seis secretarias y secretarios de Juzgado, una secretaria y secretario encargado del despacho, siete actuarias y actuarios judiciales, dos secretarias y secretarios particulares de magistrado, cinco oficiales administrativas y administrativos, y 11 servidores públicos con otros cargos. Se aplicó la sanción de suspensión a siete magistradas y magistrados de Circuito, y tres juezas y jueces de Distrito; de destitución a dos magistradas y magistrados de Circuito, y de inhabilitación a cinco magistradas y magistrados de Circuito.”
Entre los casos castigados, señala, está la filtración y eventual comercialización de información confidencial del 28 concurso interno de oposición que realizó el Instituto de la Judicatura en 2018, por lo que se sancionó a diversos funcionarios, incluyendo a su exdirector General –un magistrado de Circuito–, con destitución e inhabilitación por 10 años.
Denuncias penales en la lucha de Zaldívar
La cruzada anticorrupción también ha generado múltiples denuncias penales contra juzgadores y funcionarios judiciales quienes habrían incurrido en delitos.
“Se ha buscado fortalecer, también desde el ámbito penal, la política de cero tolerancia a la corrupción. Por ello, se presentaron cuatro denuncias en contra de magistradas y magistrados de Circuito. Asimismo, se logró la judicialización de dos carpetas de investigación contra magistradas y magistrados por irregularidades no aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución patrimonial, que se suman a las seis carpetas de investigación en trámite, en lo que va de la presente administración, lo cual constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción”.
Otras instancias judiciales con facultades para castigar los casos de corrupción también arrojan resultados, por ejemplo, la “Contraloría del Poder Judicial” que “sancionó a 188 servidoras y servidores públicos, imponiéndoles las siguientes sanciones: 82 apercibimientos privados, un apercibimiento público, 50 amonestaciones públicas, 27 amonestaciones privadas, 13 suspensiones, dos destituciones, 13 inhabilitaciones y cinco sanciones económicas”.
Así como el Consejo de la Judicatura Federal: “Se resolvieron 19 procedimientos de responsabilidad administrativa puestos a consideración de la Comisión de Disciplina del Consejo por conductas graves. Se impusieron 13 inhabilitaciones temporales para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 2 destituciones y 5 sanciones económicas por un monto total de seis millones 168 mil 957 pesos”
“En la Suprema Corte, derivado de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Ministro Presidente, se impusieron ocho sanciones: tres amonestaciones públicas, tres suspensiones y dos apercibimientos privados”
Hay avances
Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todavía observa un Poder Judicial rebosante de corrupción, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea asegura que las cosas sí están cambiando.
“A partir de que nos tomamos en serio el combate a la corrupción (…), los casos de corrupción han disminuido, porque ya hay personas juzgadoras que estaban acostumbradas a ciertas conductas que ya no se atreven a hacerlas, porque hoy saben que hay consecuencias. Entonces a mí no me interesa tanto llevar una lista de cuántos servidores públicos he sancionado sino cambiar la cultura, y esa cultura está cambiando”.
Y siguió: “Por primera vez no sólo se tomó una decisión con voluntad política de combatir la corrupción sino se tomó con una metodología y con inteligencia, y eso es lo que estamos haciendo, tenemos un sistema interdisciplinario además con apoyo de otras instituciones del Estado mexicano precisamente para poder salvaguardar la honorabilidad de quienes prestan justicia en este país”.
Para combatir el nepotismo, dice el Informe, y “reducir los riesgos de conflictos de interés, se readscribió a 43 titulares, derivado de los esquemas de contratación o relaciones familiares que mantenían con otras u otros servidores públicos del Circuito donde anteriormente se desempeñaban, lo que eleva la cifra a 136 readscripciones durante la presente administración por dicha causa”.
Este 6 de agosto de 2021, el presidente López Obrador dijo que: “Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido, o sea, muchísima corrupción en los jueces”.
