Zacatecas: las autoridades bajo fuego
Al iniciar el año el mayor número de presuntos ataques del crimen organizado en el país en contra del ámbito político, ha sido registrado en Zacatecas, de acuerdo con una investigación de Data Cívica
Luis HerreraEn el primer bimestre de 2023 Zacatecas se situó como el estado con la mayor incidencia de agresiones perpetradas por el crimen organizado en contra de autoridades y de la clase política, de acuerdo con los reportes que genera en esta materia la asociación Data Cívica.
El reforzamiento de las labores de seguridad pública en Zacatecas que realizan el Gobierno de David Monreal Ávila, y las autoridades federales, no ha logrado aún la pacificación buscada, según lo muestra el informe más reciente de Data Cívica, “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia criminal-electoral en México“.
El crimen organizado trata de influir no solo en las campañas, sino en gobiernos o en funcionarios de seguridad e investigación. Lo que viene es pensar en la prevención que hay que hacer, comentó @monicameltis.
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En el reporte de la organización que corresponde a los meses de enero y febrero de 2023, se informa que Zacatecas fue el estado con más “eventos de violencia criminal-electoral” en este periodo, al registrar 12 de estos; los otros cuatro estados que encabezan este listado incluyen a Morelos, que aparece con 10 hechos de esta naturaleza, así como Veracruz (nueve), Guanajuato (nueve) y Oaxaca (siete).
En la categoría de “eventos de violencia criminal-electoral”, Data Cívica considera diversos tipos de ataques, tales como amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y asesinatos, dirigidos en contra de las autoridades locales de los estados y personas involucradas en política, y hasta los “familiares de actores políticos relevantes”.
“Ante la evidencia contundente sobre el interés del crimen organizado en incidir en la administración pública mucho más allá de las acciones de los ejecutivos locales, buscamos capturar información de ataques del crimen organizado contra autoridades en todo los ámbitos y niveles de la administración pública, así como contra miembros de partidos, independientemente de su puesto o jerarquía”, se expone en el reporte.
La organización indica que de 2018 a 2023, “se han registrado un total de mil 126 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”. Hasta ahora, el año 2022 (486) es el que ha registrado la mayor cantidad de “eventos de violencia criminal-electoral”, seguido del año 2021 (178).
En el caso de las instituciones de seguridad, solo se consideran los “ataques directos contra aquellos (integrantes) en puestos de jefaturas o secretarías de seguridad y que no hayan ocurrido en un contexto de combate o enfrentamiento entre fuerzas del orden y el crimen organizado”.
🔴 En Coahuila habrá #elecciones este año para renovar la gubernatura. Aunque el estado ha vivido violencia extrema, registra pocos eventos de violencia criminal-electoral, de acuerdo con nuestro monitoreo #VotarEntreBalas.
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El pasado 24 de enero de 2023, desde las instalaciones de la Guardia Nacional, el gobernador David Monreal hizo un llamado a las instituciones de seguridad para que mantengan “con mucha firmeza” la estrategia “que tuvo a bien diseñar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de la pacificación” del país y Zacatecas.
La terca violencia
En su reporte emitido en diciembre de 2022, Data Cívica mostró que Zacatecas cerraba ese año entre los estados con la mayor incidencia de estos “eventos de violencia criminal-electoral”; una tendencia que, como se ha señalado, no se ha detenido durante los primeros meses del año 2023.
En el año 2022, la organización documentó a nivel nacional 483 “eventos de violencia criminal-electoral”. Cinco entidades federativas registraron la mayor incidencia de estos hechos: Guanajuato, en primer lugar, con 56; Guerrero, en segundo, con 46; Veracruz, en el tercer sitio, con 41; Zacatecas, en el cuarto puesto, con 34; y Baja California, en el quinto escaño, con 29 casos documentados.
En ese documento, Data Cívica destaca el incremento de este tipo de violencia en Zacatecas en contra de las autoridades y la esfera política del estado: “Los ataques del crimen organizado a autoridades locales en Zacatecas aumentó sustantivamente en el año 2022. En 2019, la entidad registró solo dos de estos eventos; no se registraron ataques en 2021 (2020); en 2021, el número ascendió a seis; y finalmente, en 2022 se acumularon 34 ataques —25 de ellos dirigidos contra funcionarios en el área de seguridad …”.
Según el análisis de la organización, esta escalada de la violencia en Zacatecas podría tener como origen el arribo del Gobierno de Monreal Ávila (el cual comenzó en septiembre de 2021), con la consideración que la renovación de autoridades suele generar un reacomodo en los vínculos que se establecen entre la delincuencia organizada y el poder público:
“Como algunos estudios han referido, tales aumentos de violencia entre 2021 y 2022 están en parte asociados a la alternancia partidista en la gubernatura y los cambios que ello implica para la estructuras de seguridad y justicia tras la llegada de nuevos equipos y el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad que, a su vez, afectan la redes de protección existentes”, se lee en el documento.
El Poder Judicial, otro objetivo
En Zacatecas los mensajes que ha emitido la delincuencia organizada para amedrentar a los poderes Ejecutivo y Judicial locales han sido abiertos y nada sutiles, destaca la organización. Desde principios de 2022, una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada frente al palacio de gobierno de Zacatecas, como una forma de amenaza o aviso al entonces recién electo gobernador David Monreal”, expone.
Sin embargo, se advierte en el reporte, también el Poder Judicial de Zacatecas ha estado en el blanco de los grupos criminales, baste recordar que hacia finales del año 2022, el juez penal, Roberto Elías Martínez “fue agredido por una organización delictiva que operó el ataque desde el sistema carcelario. Este caso ilustra que, más allá de los cuerpos de seguridad, la justicia misma está igualmente vulnerable”.
