Zacatecas, sin despidos en el Poder Judicial  por corrupción

A pesar de que la entidad que gobierna David Monreal promovió una reforma para combatir la corrupción, no ha dado resultados
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Durante la administración estatal del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el Poder Judicial del Estado ha registrado múltiples salidas tanto de magistrados como de juzgadores locales, sin embargo, ninguna de ellas tuvo como objetivo el combate de la corrupción dentro de las estructuras de ese órgano público.

Inclusive, cuando se toma por temporalidad la administración federal que encabezó el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los registros judiciales de Zacatecas confirman la salida de 20 magistrados y jueces locales, aunque ninguno, por lo tanto, dentro de una estrategia para erradicar la corrupción interna del Poder Judicial.

La información que proporciona vía transparencia el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, muestra que estas 20 bajas registradas en el pasado sexenio tuvieron las siguientes clasificaciones específicas:

Siete ocurrieron por jubilación; otras seis por término constitucional del cargo público que ostentaban; dos más por pensión por vejez; otras dos por fallecimiento y un caso registrado por cada una de las siguientes categorías: por renuncia, resolución de invalidez temporal y por término de contrato (folio 320590624000057).

El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas señala también que en estas 20 bajas que presentó el Poder Judicial local se están considerando a seis magistrados del Estado, así como a 14 juzgadores, incluyendo a jueces de control, jueces de primera instancia y, finalmente, a jueces laborales.

Esta ausencia de destituciones de magistrados y jueces locales bajo el objetivo primario de erradicar la corrupción judicial se constata en los registros proporcionados, aun cuando el Congreso de Zacatecas aprobó recientemente una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que tenía entre sus finalidades precisamente la depuración de dicho órgano público.

El 30 de Junio de 2022, el Congreso de Zacatecas informó acerca de esa nueva legislación que regula tanto la estructura como el funcionamiento del Poder Judicial del Estado:

“De manera unánime, el pleno de la asamblea aprobó el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Jurisdiccional y de Justicia, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. (…) Es de destacar que la propuesta de esta ley fue suscrita por los tres poderes del Estado. Con esta aprobación, el Poder Legislativo contribuye a fortalecer los órganos internos del Poder Judicial y pone candados para evitar actos de corrupción y nepotismo”.

Reforma inocua y sin resultados

El 27 de septiembre de 2022, Arturo Nahle García, en ese momento magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, resaltó los supuestos beneficios que traería la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque ahora se constata que no ha propiciado aún la depuración de las estructuras judiciales del Estado.

Aquel día, el Poder Judicial de Zacatecas comunicó: “En su tercer informe de labores (…), el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ) destacó la promulgación de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que fue suscrita por los tres poderes del Estado en un acto sin precedentes que demostró que el diálogo, la construcción de acuerdos, la colaboración y el entendimiento son posibles”.

Nahle García aseguraba que esa nueva legislación representaba una reforma de gran calado para el Poder Judicial del Estado; que la misma había contado con la anuencia del gobernador, Monreal Ávila; y que estos cambios derivarían en autoridades judiciales más transparentes y, por lo tanto, con menor corrupción.

“En esta sesión solemne Nahle García explicó la gran relevancia que implica la Nueva Ley Orgánica; un acuerdo que se realizó en la toma de posesión del gobernador del estado y que refleja una reforma profunda al Poder Judicial, que privilegia el combate a la impunidad, el respeto a los Derechos Humanos, la protección a las víctimas, el debido proceso, la erradicación del nepotismo, la transparencia, la paridad de género y la carrera judicial“.

Paradójicamente, una de las mayores prioridades que tenía esa nueva legislación estatal consistía en fortalecer la Carrera Judicial, en beneficio de los servidores públicos de dicho Poder local; no obstante, ese elemento estaría siendo echado por la borda ahora que la reforma judicial federal proyecta que todos los juzgadores del país sean destituidos.

“La nueva ley establece, por fin, la anhelada Carrera Judicial, en la que se garantizan los principios de: excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad y paridad de género, con la finalidad de que la justicia la impartan personas con formación jurídica sólida, aptitud de servicio, compromiso social y sobre todo con trayectoria personal íntegra”, señaló en aquella ocasión el entonces magistrado presidente.

Magistrados fuera, ninguno por corrupción

Los seis magistrados que salieron del Poder Judicial de Zacatecas durante el sexenio del expresidente, López Obrador, ninguno por combate a la corrupción intestina de ese órgano público, son los siguientes, de acuerdo con los registros obtenidos en esta materia:

Jorge Ovalle Beltrán, quien salió el 1 de febrero de 2024, por término constitucional de su cargo como magistrado de la Segunda Sala Civil; María Isabel Carrillo Redin, quien fuera magistrada de la Primera Sala Civil, causó baja el 1 de febrero de 2024, también por término constitucional; así también Julieta Martínez Villalpando, quien fungió como magistrada del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, causando baja el 24 de marzo de 2023 por término constitucional.

Los tres últimos: Silveria Serrano Gallegos, quien fungía como magistrada de la Segunda Sala Civil, y salió el 1 de febrero de 2022 por término constitucional; Armando Ávalos Arellano, cuya magistratura fenecería el 1 de febrero de 2020, causando baja por término constitucional y finalmente Sonia de la Fuente Sandoval, magistrada de la Primera Sala Penal, quien salió el 1 de febrero de 2020 por término constitucional.

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