Yaquis, la lucha por sus tierras

En el territorio de la tribu Yaqui, en Sonora, se ha instalado una tubería para edificar el gasoducto que lleva por nombre Aguaprieta, una obra de infraestructura que siempre ha sido rechazada por los pobladores yaquis originarios de la región y que la empresa IEnova, filial de Sempra Energy, sigue buscando realizar a pesar de lo que marca la ley en México y los convenios internacionales.

De acuerdo con Guadalupe Flores, quien pertenece al heroico pueblo de Loma de Bácum y es integrante de la Tropa Yoemia, actualmente se encuentran parados en una base firme, que es su lucha, y en una endeble, que es la aplicación de la justicia mexicana.

“Cuando empezamos con este problema en el 2013 fue porque nos informaron que estaba planeada la instalación de un gasoducto que iba a pasar por nuestro territorio, el cual fue licitado en 2012.

“Sin embargo, fue hasta el 2014 que nos hacen la consulta, lo cual es claramente violatorio a lo que marca el Convenio 169 de la OIT donde dice específicamente que cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas se tiene que consultar a los pueblos indígenas afectados.

“Por lo tanto las consultas debieron haberse hecho desde antes de que se licitara el proyecto; algo que no se hizo, por lo que claramente se rompió uno de los principios fundamentales de la consulta”, explica.

Desde entonces, las batallas tanto legales como dentro del territorio para excavar y quitar el gasoducto que les impusieron no han parado.

El pasado mes de julio, el Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de las empresas IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto. Lo que dejó a los habitantes del lugar con 10 días para interponer un recurso legal.

“Ese documento de revisión ya se metió y está siguiendo su curso en tiempo y forma. En este caso está dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el caso”, cuenta Flores.

Sin embargo, los yaquis de la Loma de Bácum aseguran no confiar del todo en este proceso, por lo que tomaron la decisión de seguir con la extracción del tubo que se encuentra en sus tierras basados en lo que dictan sus leyes por usos y costumbres.

Saldar la deuda histórica con los yaquis

En un intento por resolver este conflicto que ya tiene casi 6 años de existencia, la actual administración envió al subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, a negociar con los yaquis para tratar de llegar a una solución.

Durante su visita, Peralta aseguró que el Gobierno federal no tiene la intención de imponer ningún proyecto, sino de llegar a un acuerdo donde no se afecte a nadie y se respeten los intereses de los pueblos originarios.

No obstante, los pobladores de la Loma de Bácum se negaron a negociar con el subsecretario de Gobernación y pidieron directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que aseguran que no tienen las facultades para tomar el tipo de decisiones que se requieren, pues lo que buscan no es dinero, sino que se salde la deuda histórica que el Estado tiene con ellos antes de poder volver a sentarse a la mesa para establecer acuerdos.

“Ricardo Peralta sabía que no íbamos a negociar con él. Nosotros claramente le dimos un comunicado oficial en donde decimos que nuestro pueblo nunca concedió ningún permiso para que se lleve a cabo este proyecto.

“Antes de que podamos hablar de los acuerdos que busca Peralta el gobierno tiene que resarcir la enorme deuda histórica que tiene con la tribu Yaqui.

“Desde hace décadas se nos prometieron proyectos productivos y la instalación de infraestructura para que llegue agua potable, por ejemplo, o la construcción de un canal de riego con capacidad para 40 mil hectáreas.

“Peralta llega ofreciendo sus programas sociales limosneros, pero no entiende que nosotros no queremos dinero, lo que queremos es desarrollo para nuestro pueblo, que se respete la Ley y nuestros usos y costumbres. Hasta entonces no podemos negociar nada nuevo”, asevera Flores.

Ayer día en que supuestamente se iban a reunir nuevamente Ricardo Peralta y los pobladores yaquis, el subsecretario se ausentó por lo que no se entregó ninguna propuesta para solucionar el conflicto.

Quien sí se presentó a la reunión fue el representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, Jan Jarab, que de ahora en adelante supervisará los próximos acuerdos que se realicen entre los pobladores originarios y el Gobierno federal.

Empresas al acecho

Las compañías Sempra Energy y su subsidiaria IEnova, principales responsables del gasoducto Aguaprieta, cuentan con mucho poder económico, por lo que los pobladores las acusan de utilizarlo para corromper a las autoridades.

“Sempra Energy es una empresa transnacional con intereses en todo el mundo. La sede está en San Diego, tiene varios prestanombres y usa a altos funcionarios del gobierno Mexicano para obtener información privilegiada sobre estos proyectos.

“Además cuenta con muchas filiales en el país. Tiene varias en Tijuana y también las plantas eólicas del sur que están en Juchitán, Oaxaca, son suyas.

“Es tan poderosa económicamente que en 2014 declaró a la Bolsa de Valores de NY una utilidad de más de 11 billones de dólares.

“Actualmente la empresa nos tiene demandados por daños a su propiedad por haber retirado los tubos, algo que es muy irónico, pues esos tubos nosotros los quitamos porque estaban en nuestro territorio y ellos siempre han asegurado que nada de lo que han instalado ha sido en esa área”, relata Guadalupe Flores.

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