"La Ley marca que después de que entra en vigor, tienen 180 días para la creación de los Reglamentos, lo cual me parece un exceso, son seis meses”
A la reciente aprobación de la Ley de Participación Ciudadana le falta uno de los elementos más importantes: la creación de los Reglamentos en el Congreso y Municipios, lo que podría exponerla a ciertas alteraciones en su esencia.
Con esta Ley, la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en decisiones, procesos y proyectos de su comunidad, pero aún está pendiente la tarea de adecuar los estatutos municipales y del estado.
El 19 de diciembre de 2015 el Congreso de Nuevo León suscribió la Ley que incluye las figuras de revocación de mandato, asignación de presupuesto participativo y consultas ciudadanas, entre otras, y dieron 180 días hábiles a las autoridades locales para las modificaciones.
Jesús González, miembro de Alianza Cívica Nuevo León, explicó que considera que una de las figuras más importantes es la de organización, que incluye las juntas vecinales y herramientas consultivas. Deberán ser incluidas en los Reglamentos con un presupuesto incluido para su aplicación.
“La Ley marca que después de que entra en vigor, tienen 180 días para la creación de los Reglamentos, lo cual me parece un exceso, son seis meses.
“Se tiene que emitir el Reglamento de la Ley, lo tiene que emitir el Congreso, y después en base a ése los Municipios, y el plazo es el mismo”.
Advirtió que el Congreso deberá acelerar el tiempo para que los Ayuntamientos puedan terminar en 180 días.
Dentro de las modificaciones que al Congreso y Municipios corresponde aplicar, es el nuevo derecho ciudadano a hacer propuestas de Ley y a pedir modificaciones a los Reglamentos.
“Ahora la gente puede organizar su propia asamblea ciudadana o junta vecinal, con una simple convocatoria.
“Acude una persona del Municipio a verificar que todo se haya llevado bien, se instala la asamblea, se acredita en el Municipio y se elige un comité que es el que va a representar”, describió el activista.
El problema de recursos
Aunque no fija una cifra específica, la Ley contempla que cada Municipio destine un presupuesto participativo de sus recursos propios.
El capital será utilizado en las obras que los ciudadanos de las colonias acreditadas autoricen, por medio de una consulta pública que se aplicará a mediados de año.
“Ya con la Ley y el Reglamento, prácticamente los Municipios no tienen margen de acción (…) van a querer diluir estos derechos.
“Todos se dicen endeudados y van a decir que no hay dinero, porque estas herramientas los obligan a acatar lo que la gente diga, en obras, etcétera”, señaló González.
Los colectivos y asociaciones que participaron en la promoción de la Ley llevarán una propuesta de Reglamento al legislativo.
Respecto a la revocación de mandato a gobernantes y diputados antes de los dos años, podrá convocarse a una elección para su reemplazo. Si el hecho se da después, será el Congreso el que elija un sustituto.
