Una vez que fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, el Congreso de la Unión avanza hacia el fin del periodo ordinario dejando una estela de pendientes que hasta hace unos meses eran considerados como urgentes.
A un mes de que concluya su periodo de sesiones, los congresistas dejarán pendientes –otra vez- el mando mixto policial; la ley de Seguridad Interior; la Ley de la Fiscalía General de la República; la revisión al sistema de justicia; la segunda generación de reformas anticorrupción, o la reducción del financiamiento a los partidos políticos.
A estos se suman el cúmulo de nombramientos que deben realizar: la ratificación del gobernador del Banco de México y de un nuevo procurador general de la República; el fiscal contra delitos electorales; el fiscal anticorrupción; el nuevo auditor superior de la Federación; y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
Tanto el bloque del Frente Ciudadano por México –conformado por PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano-, como Morena, han endurecido sus posturas en las últimas semanas, lo que complicará al PRI sacar sus temas prioritarios.
Para añadir más complicaciones, a partir de enero comenzará la salida de decenas de diputados y senadores que abandonarán el Legislativo para buscar otro cargo de elección popular; un Congreso compuesto de legisladores suplentes no sacará adelante lo que se ha pospuesto durante meses o años.
Consensos complicados
El clima político de la sucesión presidencial complica el tránsito de las tareas legislativas en el Congreso de la Unión.
Los temas de gran calado que se discuten en el Congreso están en peligro de ser congelados hasta nuevo aviso.
Uno de esos casos es el de la reforma al modelo de policía. La iniciativa para crear el Mando Único Policial fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2014; en ella se proponía desaparecer las policías municipales y que cada entidad tuviera un solo mando único.
En su camino por el Senado, la iniciativa fue modificada a petición del PAN y el PRD para dar paso a un modelo de Mando Mixto, en el que algunos municipios conservarían sus cuerpos policiacos.
Fue aprobada por el Senado en junio del 2016, en un periodo extraordinario. En la Cámara de Diputados el asunto se empantanó por la negativa del PRI a aceptar el cambio de modelo.
El panorama se complicó cuando entró en juego la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, para reglamentar la tarea de las Fuerzas Armadas. El PRI condicionó su voto al Mando Mixto a cambio de que se aprobara esta legislación.
La Ley de Seguridad Interior es abiertamente rechazada por el PRD y, aunque el PAN la apoyaba y la había ubicado como una de sus prioridades legislativas, votarla a favor significa provocar una fractura en el Frente Ciudadano.
La salida que encontró el PRI fue presentar una iniciativa para que el mando único se someta a un proceso de consulta popular, en la próxima elección.
La Ley de Seguridad Interior es abiertamente rechazada por el PRD y, aunque el PAN la apoyaba, votarla a favor significa provocar una fractura en el Frente Ciudadano
“¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”, es la pregunta que ya fue aprobada en la Comisión de Gobernación y será votada en el Pleno.
A la par, César Camacho, coordinador de la bancada del PRI, busca amarrar la mayor cantidad de votos para la Ley de Seguridad Nacional. Aunque el tricolor y sus aliados –el PVEM, Nueva Alianza y el PES- acumulan 266 votos, Camacho busca que sea aprobada por consenso.
Otro ejemplo fue la batalla que los partidos del Frente Ciudadano encabezaron contra el PRI por el tema del fiscal general.
A pesar de ser un tema que se desahogaba en el Senado, el PAN en la Cámara de Diputados amagó con no procesar ninguna reforma o ley hasta que se garantizara que no habría pase automático de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República.
La Oposición también tenía como una de sus prioridades la reforma para eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos y trabajar en una segunda generación de reformas anticorrupción, como la Ley de Obras. En ningún caso han avanzado con dictamen alguno.
Nombramientos en vilo
Además de los múltiples pendientes legislativos, el Congreso tiene en sus manos decenas de nombramientos que se complican por el clima electoral del país.
Como se ha visto en todos los nombramientos que se han hecho en el Congreso, las negociaciones de estas posiciones quedan a merced de los acuerdos políticos entre las diferentes bancadas.
El caso más emblemático es el del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), nombramiento que debe definirse entre el 11 y el 15 de diciembre en vista de que el proceso electoral 2018 ya está en curso.
El acuerdo fue que los senadores votarán en secreto por su candidato, lo que impedirá saber quiénes apoyaron a determinado nominado.
Ese nombramiento se empalmará con el que tendrán que hacer los diputados del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, que deberá estar resuelto antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
El nombramiento del nuevo titular de la Fepade se empalmará con el de la Auditoría Superior de la Federación, que deberá estar resuelto antes de que termine el periodo ordinario de sesiones
En ese caso, los legisladores podrían optar por reelegir por un nuevo periodo de ocho años a Juan Manuel Portal, quien ha sido uno de los auditores más críticos de la tarea gubernamental.
El Senado también tendrá en sus manos la ratificación del nuevo gobernador del Banco de México. La propuesta del sucesor de Agustín Carstens –que este mes deja Banxico- debe ser enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, la Cámara alta deberá ratificar a quien el Ejecutivo proponga para ser sucesor de Raúl Cervantes Andrade, quien renunció a la PGR.
Otro nombramiento pendiente en el Senado es el de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que estarán encargados de castigar a quienes cometan delitos de corrupción.
