“Ya pasaron seis años y haz de cuenta que fue ayer, que es ahorita. Para nosotros, eso fue algo que nos marcó nuestras vidas, marcó nuestra existencia y nos marcó para siempre”
“Yo sentía algo, sentía algo muy raro. De hecho, ese día ni siquiera llevé a mi hija a la Guardería (también era alumna)"
Hace 5 años, la responsabilidad de los 14 servidores públicos fue plenamente argumentada
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que buscará consignar a 22 trabajadoras de la Guardería ABC por su presunta responsabilidad en el incendio del 2009, sin embargo, políticos y funcionarios que fueron señalados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como responsables de violaciones graves a los derechos humanos de los menores fallecidos no han sido tocados.
Eduardo Bours, exgobernador de Sonora; Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (finado), exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo, entre otros, han permanecido intocados por la justicia.
En el 2010, apenas un año después del incendio, el ministro Zaldívar presentó un proyecto de dictamen para investigar los hechos ocurridos en la Guardería ABC.
En su ponencia, el ministro acusó que un total de 14 funcionarios de primer y segundo nivel tenían responsabilidad sobre los hechos que cobraron la vida de 49 niños el 5 de junio del 2009.
“No puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas, pudo haber evitado no solo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudieron preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”, expuso el proyecto.
Junto con esos funcionarios, otros 10 fueron señalados por haber cometido, por omisión, violaciones graves a los derechos de los menores.
El proyecto del ministro fue rechazado en el pleno de la SCJN por mayoría de votos. Se dijo que hubo un intenso cabildeo de los exfuncionarios con algunos ministros para no ser señalados como culpables.
A ellos deben sumarse otros exfuncionarios públicos que también podrían tener cierto grado de responsabilidad.
Se trata, por ejemplo, de Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador, Eduardo Bours.
En septiembre del 2014, Reporte Índigo publicó que la PGR contaba desde inicios del año pasado con testimonios que lo señalaban como el hombre que solicitó quemar la bodega contigua a la Guardería ABC para desaparecer documentos de la administración de Bours en los que habría pruebas de un presunto desvío de recursos.
Hasta hoy, ninguno de los funcionarios de mayor nivel ha sido sancionado.
La atención de los órganos de justicia se centró en el papel que tuvieron las maestras y trabajadoras de la Guardería que no pudieron sacar a los niños y rescatarlos del incendio.
Las culpan de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión y abandono de los niños de la Guardería ABC.
¿Y los funcionarios?
Desde el 5 de agosto pasado, día que la PGR decidió solicitar órdenes de aprehensión contra 22 maestras y trabajadoras de la Guardería ABC, la pregunta inundó las redes sociales: ¿y por qué no castigan a los funcionarios?
De acuerdo a los abogados de las trabajadoras de la Guardería, en la lista de las personas que la PGR busca consignar se encuentran solo mujeres que fueron empleadas de la estancia infantil. Ningún funcionario público. Ningún socio o dueño de ABC.
Hace cinco años, la responsabilidad de los 14 servidores públicos fue plenamente argumentada por el ministro Zaldívar y, aunque el proyecto se rechazó, el juicio público los continúa considerando responsables de la tragedia.
Además de Bours, Karam, Horcasitas y Gándara, el ministro Zaldívar señaló como personas con responsabilidad por los hechos a Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora; y a Noemí López Sánchez, titular del departamento delegacional de Guarderías.
En aquella lista estaban también Wilebaldo Alatriste, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; Ernesto Vargas, secretario de Hacienda; Fausto Salazar Gómez, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda; y Jorge Luis Melchor, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, se señaló a Jesús Davis, director de Inspección y Vigilancia Municipal de Hermosillo; y a Roberto Copado, director de la Unidad de Protección Civil de ese municipio.
Aunque algunos sí fueron consignados y llevados ante la justicia, el pago de fianzas les permitió seguir el proceso penal en libertad.
Así fueron los casos de Jesús Davis, quien pagó una fianza de más de dos millones de pesos para evitar ser aprehendido.
Fausto Salazar fue detenido y obtuvo su libertad en el 2011, después de pagar una fianza de 2 millones y medio de pesos.
Las autoridades también arrestaron a Irma Crescencia Díaz, excoordinadora de zona de estancias infantiles del IMSS. El año pasado, fue exonerada; aunque para evitar la prisión pagó más de 2 millones de pesos.
También fue encarcelada Delia Irene Botello, quien trabajaba en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Salió de prisión en el 2014.
Otros funcionarios de segundo nivel fueron sancionados con su inhabilitación para ocupar puestos públicos. De los altos círculos del poder, nadie fue castigado.
‘No somos culpables’
Ayer, Reporte Índigo publicó los testimonios de cinco maestras y trabajadoras de la Guardería ABC que se encuentran en la lista de 22 personas que la PGR quiere enviar a prisión.
Hoy, en esta segunda parte, presentamos los testimonios de cuatro empleadas de la Guardería que estuvieron presentes el día de la tragedia. Relataron lo que les tocó vivir y el repudio público que recibieron, a pesar de haber salvado a decenas de niños.
Entre ellas, el sentimiento es de indignación. La justicia, dicen, no toca a los verdaderos culpables. Se rompe por el hilo más delgado.
No se ha tocado a los funcionarios de entonces. Tampoco a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, José Antonio Salido Suárez, Sandra Lucía Téllez Nueves, Gildardo Francisco Urquídez Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer, los dueños de la Guardería ABC.
Incluso, Gómez del Campo Tonella, quien es prima de Margarita Zavala, la exprimera dama del país, obtuvo la absolución del caso en enero del 2012. Fue declarada inocente.
A las trabajadoras de la Guardería ABC también les entristece pensar que los padres del Movimiento 5 de Junio, que han sido los más combativos desde el día del incendio, quieran castigarlas por una acción que ellas no provocaron y en la que reaccionaron lo mejor que pudieron.
No solo ellos fueron afectados.
Todas ellas cargan con secuelas psicológicas y emocionales hasta ahora, seis años después.
Ahora, aunque sobre ellas no pesa una orden de aprehensión, se muestran preocupadas por sus compañeras; detestan la idea de que la pesadilla que todas han vivido desde entonces, pueda durar varios años más en un encierro sin sentido, en prisión.
‘Tenía un presentimiento’
Alma Dinorah Lucero era la maestra con más trayectoria en la Guardería ABC. Al día del incendio, tenía ocho años trabajando ahí. Sabía de memoria todos los recovecos y pasillos de la estancia infantil. Pero no le tocó estar ahí al momento del fuego. Eso la consume.
Ese día, Dinorah tenía una cita en el IMSS; tenían que hacerle un estudio. Así que la dejaron salir un rato, aunque ella tenía un presentimiento horrible en el pecho.
“Yo sentía algo, sentía algo muy raro. De hecho, ese día ni siquiera llevé a mi hija a la Guardería (también era alumna). La directora me dijo que me fuera al Seguro, pero la verdad yo no quería ir. Tenía un presentimiento. Sentía que algo me iba a pasar, que me iba a morir”, narró.
Horas después, Dinorah entendió lo que sentía.
Regresaba en camión de la clínica del Seguro Social hacia la Guardería, cuando recibió la llamada de uno de sus familiares, preocupado por el incendio de la estancia.
En el transporte iba la mamá de uno de los niños. Le dijo del incendio y ambas se bajaron, desesperadas. Querían tomar un taxi pero no traían dinero. Pararon a uno y las llevó gratis. La madre se bajó en un hospital. Calles antes de la Guardería, el taxi ya no pudo pasar. Ella se quitó los zapatos y, corriendo, llegó hasta el infierno.
Intentó entrar, pero no la dejaron. Corrió a la “casa verde”, pero tampoco pudo pasar. Regresó a la Guardería y encontró a las maestras y empleadas en shock, algunas sin habla, otras gritando o llorando. Las maestras que tenían hijos en la Guardería, los buscaban con desesperación. Vio que una señora que trabajaba en intendencia todavía estaba sacando una cuna con niños. Era el caos.
Llegó entonces Sandra Téllez, una de las dueñas de la Guardería, a darle órdenes a ella y a otras maestras de que se movieran a los hospitales para identificar a los niños.
Al entrar a los pasillos del hospital, empeoró el horror. El olor a quemado había impregnado todo. La llamaron a una pequeña sala para identificar niños. Jamás imaginó lo que iba a ver.
“Yo nada más dije: ‘Dame valor, Dios mío’. Yo no sabía qué iba a ver. Yo pensé que les iba a cantar, para que se calmen y se pongan bien. Yo no sabía que los niños estaban muertos. Nadie nos dijo que estaban muertos. Lo primero que vi fueron los zapatitos. Los niños estaban tapados. Ahí había 25, más o menos.
“Yo le pedí fuerza a Dios porque no estuve adentro (de la Guardería) para ayudar. ‘Ayúdame a reconocer a los niños’, decía yo, ‘no me quiero equivocar’. Yo no quería que los papás vieran así a sus hijos. Queríamos ayudar para que supieran dónde estaban”, relató Dinorah.
A ella se unió la maestra Ana Sughey. Entra las dos hicieron la primera identificación de los niños.
El momento más duro fue cuando escribían el nombre de cada niño en un pedazo de masking y lo ponían en sus pies. Algunos estaban irreconocibles. Solo supo quiénes eran por la ropa o los zapatos que traían.
A las maestras las llevaron por varios pasillos y quirófanos, reconociendo niños.
Una vez que terminaron, las retuvieron en una sala para evitar que dieran información a los familiares. Las amenazaron con llevarlas a prisión si decían algo sobre los niños que estaban en el hospital.
Una vez que terminó su labor, la maestra buscó a Jimena, una niña con la que tenía un lazo más fuerte y hasta la llamaba “Mamá”. La encontró en terapia intensiva, al día siguiente. Y aunque nadie quería dar información, a Dinorah la ayudó a pasar una enfermera que había tenido a su hijo en la Guardería ABC años atrás y que nunca olvidó la atención que la docente le dio al pequeño.
Cuando la vio, la maestra perdió el piso. Trató de despertarla en vano. Le cantó canciones, la arrulló. Fue en vano. En la madrugada, la niña falleció.
La madre de otra niña, que fue internada en un hospital de Estados Unidos, le llamaba varias veces al día para que Dinorah le cantara canciones a la pequeña, por teléfono. Su mamá le ponía el auricular en el oído, para que escuchara.
“¿Cómo es que ahora algunos papás nos quieren meter a la cárcel? No se acuerdan que para nosotras, ellos también eran nuestros hijos”, dijo, sollozando.
A Alma Dinorah todavía le duele el corazón cuando piensa que no estuvo en el lugar para ayudar a más niños.
Pero luego piensa en su hija, a la que ese día no llevó a la Guardería. Y agradece haber hecho caso a su presentimiento
“Qué más diéramos que haber estado en ese momento ahí, que no se pudo. Yo digo, si hubiéramos estado todas, las que ya habían salido, a lo mejor hubiéramos sacado a más niños. No sé, me pongo a imaginar muchas cosas; pero no existe el hubiera”, comentó.
A partir de ese día, su vida cambió totalmente. Alma Dinorah sabe que jamás volverá a ser la misma, haga lo que haga.
‘Nos marcó para siempre’
Ana Sughey Hernández era maestra de la Guardería. También era madre de familia de la Guardería, pues su hija acudía ahí desde muy pequeña.
Esa tarde, salió de su turno minutos antes de que comenzara el incendio. Llegó a su casa y cuando estaba ahí recibió una llamada: la estancia se estaba quemando.
De inmediato, subió a su auto y volvió, desesperada, para intentar ayudar y buscar a Jonathan, su sobrino, que también era alumno de la Guardería.
En la estancia infantil se encontraba Sandra Téllez, una de las socias de la estancia infantil, indicando a las maestras que habían salido y regresaron, o que ya estaban fuera del incendio, que debían ir a identificar a los niños a los hospitales y al Servicio Médico Forense.
Al llegar a un hospital, una enfermera le advirtió a ellas y a otras trabajadoras que estaban ahí, que iban a ver cosas muy feas. Les pidió prepararse para lo peor.
Le tocó entrar a reconocer los cuerpos de los niños fallecidos. El horror de verlos la impresionó. Aun así, no quiso tomar ningún medicamento, para estar en sus cinco sentidos y poder reconocerlos.
Al terminar, la retuvieron adentro del hospital, como a las otras maestras.
En una de las salas encontró a Jonathan, su sobrino. Le pidió a alguien que le informara a su familia que él estaba ahí. Nadie dijo nada.
“No sabe uno cómo pedirle perdón, hasta a un familiar, porque yo ofrecí que la Guardería era buena. ‘Porque yo te dije, es buena Guardería, yo lo voy a estar viendo, yo lo voy a cuidar’. Y no se lo cuidé”, dijo Sughey, entre lágrimas.
En una de las camillas encontraron a Olga Lidia Ochoa, otra de las maestras de la Guardería que había sufrido quemaduras y solo pidió una cosa: ‘Encuentren a mi hija, busquen a mi niña’. En ese momento cayó inconsciente. Su pequeña también asistía a la Guardería ABC.
En el hospital se encontraron a un padre de familia de la estancia infantil que trabajaba como enfermero. Las cuestionó sobre lo que estaban haciendo al momento del incendio. Se les fue a los golpes, pero alguien lo detuvo.
Más tarde se fue a otro hospital a donde habían llevado a su sobrino. Estuvo ahí, ayudando.
Ahora, Ana Sughey dice que la vida ya no es igual. Ha estado en tratamiento psiquiátrico, igual que todas sus compañeras, y aunque trata de salir adelante, a veces le cuesta mucho trabajo.
“Ya pasaron seis años y haz de cuenta que fue ayer, que es ahorita. Para nosotros, eso fue algo que nos marcó nuestras vidas, marcó nuestra existencia y nos marcó para siempre”, reflexionó.
El sobrino de Sughey falleció. Tenía la misma edad que su hija, quien ahora tiene ya 9 años de edad. Y cada vez que la ve, recuerda que su sobrino tendría la misma edad y compartiría cosas con su pequeña, tal como lo hacía cuando eran compañeros en la Guardería ABC.
‘No lo podía creer’
Silvia Torres era la encargada de la cocina de la Guardería ABC. A las 14:45 era su hora de salida. Ese día, fue al reloj checador a registrar su salida, tomó su bolsa y salió del inmueble.
Fue a hacer compras en un súper cercano. Estaban en la caja cuando ella y la compañera con la que iba se percataron que mucha gente estaba en la puerta del mercado. Una señora le gritó a otras que se estaba quemando la Guardería. Se paralizaron.
Aventaron la mercancía que traían en las manos y corrieron de regreso. Cuando llegaron ya había cunas afuera, llenas de niños. Los policías no las dejaron pasar.
Comenzaron a llevar las cunas a la “casa verde”. Le quitaron la ropa a los niños, les echaron aire y agua y así los pudieron estabilizar.
Silvia recuerda que, días más tarde, en fotografías y videos, ella y otras de sus compañeras que habían terminado su turno antes de las 15:00 horas aparecieron en las fotos cargando sus bolsas de mano.
Fueron criticadas porque se pensó que habían preferido sacar sus pertenencias que a los niños. No fue así. Las bolsas estaban resguardadas en un área cerrada con llave. Solo quienes ya no estaban en turno, llevaban sus pertenencias. A Silvia, junto a otras de sus compañeras, la subieron a una patrulla y la llevaron a declarar a la PGR. Pasadas las 21:00 horas, salió de ahí. Regresó a la Guardería. No podía creer lo que sus ojos veían.
“No lo podía creer porque los niños pasaban mucho tiempo con nosotras; eran nuestros esos niños. Eran nuestros (…) Lo que yo no puedo entender es por qué los papás nos tratan así. Si vieran ellos cómo queríamos a los niños. Eran parte de nuestra familia.
“Todos los días estaban con nosotros. Ahí las muchachas los enseñaron a comer, a ir al baño, a hacer sus primeras letras. Todo lo que la mamá debe de hacer, lo hacíamos nosotras (…) Nosotros dábamos la vida por los niños. Si los niños que están vivos es porque las compañeras los sacaron”.
La vida de Silvia también cambió radicalmente. Le costó dos años encontrar otro trabajo. El gobierno de Guillermo Padrés les ofreció empleo. Pero durante meses las tuvieron en ascuas. Nunca se concretó la oferta.
“Muchas cosas han hecho con nosotras. Nosotras nunca habíamos hablado así, hasta ahora. Siempre calladas, siempre escondiéndonos.
“En mi casa yo tenía alteros de periódicos, diario los compraba para ver qué pasaba. Debajo de mi colchón yo tenía un periódico donde estaban todos los niños. Me lo tiraron, el periódico. Mi carácter cambió, en mi casa. Y yo sé que mi familia lo siente”, narró Silvia.
A ella, como a muchas otras, le quitaron el servicio médico. Ahora debe vivir con las secuelas del incendio en su día a día.
El maltrato
Dulce María Valdez era maestra de la Guardería ABC. Aquel fatídico 5 de junio era su primer día de vacaciones. Estaba en su casa descansando cuando un vecino tocó a su puerta y le dijo que se estaba quemando la estancia infantil.
Todavía en pijama, la maestra salió hacia la escuela. Cuando llegó ya no encontró a los niños o a las maestras. Se las habían llevado en las patrullas a declarar. Fue a la PGR.
“Las hallé en una forma deplorable, como si fueran unas asesinas. Estaban en la banqueta, sentadas en el suelo. A la primera que vi fue a Araceli Moroyoqui. Le pregunté qué les había pasado. La vi muy mal, mojada, llena de cenizas”, narró.
Estando ahí, un oficial le ordenó que se subiera a una patrulla porque la iba a llevar a los hospitales a identificar niños.
En uno de los hospitales se encontró con una de las dueñas. También le ordenó que tenía que ayudar en la identificación. Pero ella estaba ahí por voluntad propia y amor a los niños.
Desde ahí comenzó el maltrato. Cuando le tocó llegar a la morgue del Hospital General para identificar a los menores, se sintió la falta de empatía hacia las maestras.
En la sala donde estaba identificando a los niños, un oficial de la policía la acompañaba. La presionaba para que no se fuera a equivocar y diera un testimonio falso.
“En un pasillo, recuerdo bien que le dije a un oficial que me dolía la cabeza, que me sentía mal. Ya había visto mucho. Pasó una enfermera y preguntó: ‘¿Qué es ella?’, cuando le pidió una pastilla para mí. ‘Es maestra, anda identificando niños’, le dijo. ‘Ah no, nosotros no les podemos dar medicamentos a las maestras. Les estamos dando calmantes y medicamento a los papás.
“Desde ese momento, a nosotras como maestras, ya nos estaban negando un derecho. Desde ese momento, ya nos empezó a hacer a un lado la misma sociedad. Y nosotros, por respeto a los papás, por respeto a todos, empezamos a hacernos a un lado, a callarnos”, rememoró Dulce.
Cuando la maestra ya no podía más por el impacto emocional de lo que estaba viviendo, pidió retirarse del hospital, pero no la dejaron irse. Como ya no aguantaba, aprovechó un descuido del policía y se escapó a su casa en un taxi.
La maestra recuerda que los meses posteriores fueron un martirio. Le daba miedo salir a la calle.
