¿Y los otros libros? Cierran bibliotecas en Gobierno de Riquelme en Coahuila

Con la reciente negativa del Gobierno de Coahuila para distribuir los nuevos libros de texto gratuito en las escuelas públicas, se puso en discusión en la entidad la figura del “libro” y su posición en las políticas públicas.

A pesar del interés aparente del Gobierno de Coahuila hacia este instrumento educativo, la situación con las bibliotecas públicas dista mucho de colocarlo como una prioridad.

Coahuila formó parte de las cinco entidades que negaron dichos textos junto con Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

Lo hizo después de que el Gobierno del estado presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional derivada de la incertidumbre que se generó en la opinión pública sobre el contenido de los libros de texto gratuitos.

La suspensión derivada de la  controversia se firmó en menos de una semana por el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, y el Gobierno federal respondió interponiendo un reclamo a dicha suspensión.

En el limbo quedan los espacios públicos culturales como las bibliotecas que tan sólo en seis años cerraron 18 de ellas en la entidad.

Bibliotecas no son prioridad

Desde el inicio de la administración de Miguel Riquelme, en “el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023”, las bibliotecas públicas no se mencionaron como una prioridad en ninguna de sus 68 páginas.

Lo que se vio reflejado en el abandono evidente de los espacios públicos y en el cierre paulatino de éstos en las zonas rurales de Coahuila.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, en el 2011 funcionaban 140 bibliotecas en la entidad; en el siguiente sexenio (2017) la cifra aumentó a 147;  actualmente sólo hay 129 de ellas.

La región Sureste del estado tiene siete bibliotecas cerradas; la región Laguna 6; la región Centro, 1; y el resto se encuentran en  la zona fronteriza de Coahuila.

Según Gustavo Cantú, coordinador general de Bibliotecas Públicas del estado, el problema radica en la reducción de las participaciones hacia los municipios, mismos que son responsables del mantenimiento y en algunas ocasiones de contratar al personal.

“Lo que nos dice el alcalde de Artega, por ejemplo, es que año con año se reducen las participaciones […] En este sexenio se ha visto sustancialmente reducido. Si les llega menos, obvio les va a pegar en varias cosas”, compartió.

La mayoría de los espacios se encuentran en zonas rurales de municipios como Arteaga, Muzquiz, Allende y Ocampo y la vandalización y los salarios bajos para el puesto hacen que estén abandonadas.

Un ejemplo de dicha vandalización es lo que ocurre con la biblioteca pública instalada en la capilla de la colonia Landín la cual ha sido saqueada más de una ocasión, quedando sin servicios públicos por falta de cableado y tuberías.

Sin presupuesto en específico

No son sólo los ayuntamientos los que deben de hacerse cargo del mantenimiento de estos espacios.

La Ley General de Bibliotecas Públicas expone que el Gobierno federal, las entidades, municipios y alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas.

Además deja claro que la operación y mantenimiento de la red de bibliotecas es de interés público y social por lo que los recursos destinados a dicha red se consideran, para todos los efectos legales, inversión social.

A pesar de esto, Cantú mencionó que la actual Coordinación de Bibliotecas del estado no tiene ningún presupuesto específico para ese rubro.

“El presupuesto no opera con un recurso en específico. Por ley son los municipios quienes deben de responder por el mantenimiento”, señaló.

Esta instancia está sectorizada a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC), y el gasto de la nómina del personal, de los más de 600 trabajadores se reparten entre la SEPC, los ayuntamientos,  y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Coahuila.

Es la SEPC quien absorbe la mayoría de la nómina del personal con el 60 por ciento de trabajadores, señala Cantú.

Aun así, son los ayuntamientos los que deben de destinar recursos para dar mantenimiento a los edificios y otorgar los espacios necesarios si la biblioteca tiene que ser reubicada.

Cantú mencionó como ejemplo lo que sucedió con la Biblioteca Central del municipio de Piedras Negras, que después de que las autoridades locales sacaran los libros de la instalaciones para remodelar el edificio, la alcaldesa se negó a que se instalara de nuevo la biblioteca, sin asignar otro espacio.

Abandono paulatino

Desde el 2017 el problema de las bibliotecas comenzó a agudizarse y comenzaron a ser removidas de sus lugares para que otras instancias ocuparan el espacio.

Es el caso de la Biblioteca Pública Central, en Saltillo, que durante el 2017 desalojó los libros para dar paso al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

Lo mismo sucedió con la Biblioteca Elsa Hernández, desalojaron el inmueble para mudar su colección hacia la colonia Valle de las Flores, al oriente de Saltillo. El edificio no se utiliza actualmente.

Lo mismo sucedió con la librería EDUCAL que cerró sus puertas para instalar la Academia Interamericana de Derechos Humanos durante el 2018 y nunca fue reubicada.

¿Para qué sí hay dinero?

Que no exista un recurso específico para las bibliotecas públicas en Coahuila contrarresta con los recursos que son gastados por el Gobierno del estado en conceptos como la promoción de la imagen institucional en medios de comunicación.

Actualmente el estado de Coahuila gasta más de dos millones de pesos por día en promover la imagen del Gobierno y sus logros, de acuerdo con los datos de su cuenta pública.

Además, a pesar que los recortes presupuestales ocurren, el gasto corriente en nómina, servicios personales, viáticos y viajes no ha sido modificado como lo marca la Ley de Disciplina Financiera cuando una entidad sufre de recortes.

En seis años, sólo en viáticos y viajes se presupuestaron más de 180 millones de pesos para estas maniobras.