Para lograr la detención del líder
del cártel, la Federación desplegó
en Michoacán más de 5 mil elementos de las Fuerzas Federales
El Gobierno Federal ya recompone de nueva cuenta la estrategia mediante la cual pretende detener a Servando Gómez Martínez, el máximo líder del cártel de Los Caballeros Templarios. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguran que -ante la falta de resultados- ya inició la remoción de algunos mandos militares desplegados en Michoacán.
El pasado 10 de septiembre se puso en marcha una nueva etapa del operativo para lograr la detención de “La Tuta”, justo cuando arribó a Michoacán un contingente de la Gendarmería Nacional para apoyar las acciones de ubicación, detención y anulación del capo, quien es considerado objetivo nacional.
Desde la segunda quincena de enero de este año, la Federación decidió tomar bajo su control la seguridad de todo el estado de Michoacán, en ese momento, el Gobierno Federal declaró como prioritaria “la anulación del cártel de Los Templarios”, decretándose una cacería a los principales líderes de la organización.
A la fecha, de acuerdo a la versión ofrecida por el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, Los Templarios se encuentran desarticulados en un 98 por ciento.
A Servando Gómez Martínez se le persigue de manera prioritaria desde que se estableció en el estado la Comisión para el Desarrollo y Seguridad del Estado de Michoacán, encomienda que le hizo oficialmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al que fuera su Procurador de Justicia en el Estado de México y después Procurador del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes.
Para lograr la detención del líder del cártel, la Federación desplegó en Michoacán más de 5 mil elementos de las Fuerzas Federales. A la labor de cacería también se sumaron dos grupos especiales de la recién creada Policía Rural Estatal. De igual forma, un grupo de 300 miembros de la Gendarmería Nacional se sumaron a las labores de captura.
A las acciones del gobierno también se han sumado –aunque de manera no oficial- al menos siete grupos de autodefensas legítimos.
La Gendarmería con plazo fijo
Tras los escasos resultados de las Fuerzas Federales en la búsqueda y detención de Servando Gómez Martínez – que solo alcanzaron para que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmara que “La Tuta” se encuentra “a salto de mata”- se puso en operación un cuerpo de elite de la Gendarmería Nacional.
Pese a que el propio comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo había señalado que en Michoacán no sería requerida la Gendarmería, a solo una semana de su declaración, desde la Secretaría de Gobernación se decidió lo contrario: fueron enviados 300 elementos con la tarea de captura al jefe del cártel michoacano.
El grupo enviado por instrucción directa del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong llegó a Michoacán con su propia estructura de inteligencia a fin de realizar en forma autónoma las labores de ubicación del delincuente.
De acuerdo a fuentes del Cisen, a los mandos asignados a esa tarea se les fijó un lapso de 60 días para la detención del líder templario. El lapso se vence el 10 de noviembre.
Los gendarmes que aun trabajan en la búsqueda de Servando Gómez se apoyan en información obtenida de las declaraciones de una decena de detenidos que estaban involucrados en la estructura del cártel.
De esa información se han desprendido conclusiones que apuntan hacia la posibilidad de que “La Tuta” ha corrompido a algunos de los mandos federales que fueron asignados a su detención.
La hipótesis de la infiltración del jefe de Los Templarios en los mandos federales cobra fuerza frente a la actividad que se registra en los cuarteles militares de Apatzingán y Tumbiscatío, en donde la tropa que recorría los cerros y comunidades rurales ha sido llamada al acuartelamiento.
Quiere que lo den por muerto
De acuerdo a la versión de un funcionario del Cisen, la cacería de “La Tuta” ha entrado en una nueva dinámica tras la difusión del audio en donde se reconoce culpable de los delitos que se le atribuyen.
En el audio además asegura que nunca se entregará y que no piensa pagarle al comisionado ni al procurador de Michoacán por el daño hecho.
En el análisis del Cisen, la estrategia de Servando Gómez Martínez se finca en la difusión mediática.
Ahora pretende, asegura una fuente que pide el anonimato, que en el gobierno, los medios y la sociedad crean que está muerto a fin de que las Fuerzas Federales lo dejen de buscar en forma tan insistente.
Por su parte, el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, señala que “La Tuta” se siente acorralado y que prueba de ello es el audio que recientemente filtró, el que fue calificado como un “grito desesperado” por las condiciones de persecución en las que ahora tiene que vivir el jefe del cártel michoacano.
A decir de Castillo, la situación es cada vez más adversa para Servando Gómez, sobre todo si se considera que hasta hace unos meses el jefe de Los Templarios tenía la posibilidad de exigir y obligar a medios de comunicación a que difundieran sus mensajes.
Su influencia se notaba al tener la posibilidad de dar entrevistas a medios extranjeros. Hoy la condición de “La Tuta” es distinta, asegura.
El gobernador, ni por enterado
En la oficina de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán nadie sabe respecto del cambio de estrategia para la captura de Servando Gómez Martínez.
El gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, no ha emitido postura alguna, tras continuar enfrascado en la crisis económica por la que atraviesa el gobierno a su cargo.
La preocupación primaria de Jara Guerrero es responder a los alcalde del PRD y PAN que reclaman la entrega de recursos para la ejecución de obras de infraestructura básica comprometidas por la administración estatal, los cuales podrían ser superiores a los 340 millones de pesos.
Los legisladores del PRD ya anunciaron su intención tomar “medidas drásticas” para exigir el titular del ejecutivo estatal esas asignaciones.
Los alcaldes perredistas amenazaron con iniciar “en breve” una huelga de hambre colectiva, a fin de exigirle al gobernador que distribuya los recursos económicos que les corresponden a cada uno de los municipios.
Los panistas -encabezados por el edil de La Piedad, Hugo Anaya Ávila- no descartan la posibilidad de sumarse a la huelga para presionar al gobernador.
