A pesar de la fuerza que han tomado las demandas de los movimientos feministas, el emblemático caso de las muertas de Juárez permanece en el olvido por parte de las autoridades.
A principios de este siglo, la justicia por las víctimas de feminicidio de esta ciudad fronteriza era la principal exigencia, lo que daría origen a muchos de los movimientos feministas de hoy en día.
Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y otros grupos del feminismo entablaron negociaciones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y como bandera portaron la exigencia de justicia para las mujeres fallecidas en esa ciudad fronteriza con El Paso, Texas.
Un expediente de los primeros años de la década de los 2000, en poder de Reporte Índigo, revela que los grupos feministas de entonces solicitaban la justicia para familias de las muertas de Juárez, cuyo número se establecía en alrededor de 370 mujeres.
En ese momento, Ciudad Juárez, Chihuahua, cobró notoriedad por los asesinatos de mujeres jóvenes desde 1991. Eran mujeres que un día desaparecieron y sus restos, mutilados y quemados, fueron encontrados en el campo algodonero. En la protesta del 8M de 2022 no se vieron pancartas haciendo referencia específica a un caso que en su momento llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Actualmente, a 30 años de la tragedia humana que se vive en esa región del norte del país, hay dos mil 376 mujeres asesinadas y 282 desaparecidas, de acuerdo con cifras de El País. La justicia sigue sin aparecer.
El expediente de Juárez
Los grupos alegaron ante Gobernación que había una red de tráfico de órganos y de sexo necrofílico detrás de los asesinatos, aseveraciones que jamás se documentaron.
El documento que consta de 22 fojas fue tramitado ante la Segob como parte del listado de expedientes cuya reserva ya se cumplió y está disponible para el análisis público y está identificado con la clave DGAG/211/00191/2017.
El personal de Gobernación recopila algunas de las marchas feministas suscitadas en 2003 en los que las demandas fueron el fin de la impunidad y la necesidad de justicia para los familiares de las muertas de Juárez, que entonces eran centenares.
“Le solicitamos que actúe en congruencia con sus principios de rectitud y responsabilidad que hasta ahora como actor político ha demostrado, y exija al interior de su partido (PAN), que el señor Francisco Barrio no pase a formar parte de sus legisladores, ya que sería un premio a la irresponsabilidad y una agresión al derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos”, explica una de las peticiones de la Alianza de Organizaciones Sociales, una agrupación política local que entonces se manifestaba.
Francisco Barrio fue un político panista que fue presidente municipal de Juárez (1983-1986) y gobernador de Chihuahua (1992-1998) y a quien los grupos atribuían el comienzo de la problemática que dio pie al asesinato de mujeres en Juárez.
Una de las exigencias de los grupos era que no llegara a la Cámara de Diputados, pero sí lo hizo y tuvo después un cargo en el gobierno de Vicente Fox como secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y fue embajador de México en Canadá (2009-2013) con el presidente Felipe Calderón.
Los casos de mujeres asesinadas comenzaron a aparecer. Cientos y después miles de casos de mujeres jóvenes. Se habló de asesinos seriales, del posible relación con la acción del narcotráfico y otras posibilidades. Lo cierto es que hasta hoy día el misterio no está resuelto. Sólo apareció la impunidad.
Desde ese momento se evidenció la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, en especial en el norte del país, pero también la incapacidad de las autoridades para resolver los crecientes casos.
A la demanda del esclarecimiento de los asesinatos de las muertas de Juárez, se sumaron en cascada cientos de casos que comenzaron a visibilizarse, en especial con el auge de las redes sociales. Los casos aumentaron en su violencia y saña contra las mujeres. Ya no era solo exigir el esclarecimiento del Campo Algodonero, sino los que se sumaban casa semana.
Las demandas de la lucha feminista han evolucionado y ahora inciden más en la política reproductiva, principalmente en la despenalización del aborto
Tema de seguridad nacional
Otra de las demandas que no ha podido concretarse es la exigencia para que los asesinatos de mujeres se consideren tema de seguridad nacional.
“(Las oradoras plantearon) la preocupación de las organizaciones feministas y la exigencia de intervención federal por tratarse del asunto de las muertas de Juárez de seguridad nacional. En ese sentido y al solicitar la intervención de Macedo de la Concha (procurador de 2000 a 2005) ante las múltiples desaparecidas, rechazó la intervención (sic) de la Procuraduría del estado porque, a decir de ella, la policía de la entidad se encuentra ligada al narcotráfico y organizaciones criminales”, se expone en el informe redactado por personal de la Dirección de Atención Ciudadana y Concertación Política.
“De igual forma, rechazó que estos asesinatos sean realizados por psicópatas y dijo reconocer que la entidad operan bajo el auspicio del gobierno y de la policía, trasnacionales que trafican con el sexo necrófilo y tráfico de órganos”, indica el expediente.
